Durante 2017, la Oficina registró 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos. Estos últimos incluyen a 84 defensores de los derechos humanos que ejercían liderazgo, 23 miembros de movimientos sociales y políticos y 14 personas muertas durante las protestas sociales.

El organismo internacional también registró 41 intentos de asesinato; 213 amenazas; 61 violaciones de los derechos a la intimidad y la propiedad; cuatro desapariciones forzadas; y la violación sexual de una mujer activista.

Las categorías de defensores más afectados son líderes comunitarios, indígenas, campesinos, afro-colombianos y sindicales; y las regiones donde más se vulneran estos derechos son Antioquia (13 casos) y Cauca (11), de los cuáles el 62 % de los asesinatos ocurrieron en zonas rurales, el 24 % en ciudades cercanas a zonas de conflicto y el 14 % en las ciudades principales.

Además, el informe revela que el 64 % de los asesinatos ocurrieron en zona de conflicto, donde hacía presencia el desmovilizado grupo de las FARC-EP.