La decisión, que fue adoptada por la agente interventora de Saludcoop EPS, Ángela María Echeverri, tras la solicitud de varios organismos de control, entre ellos la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, deja en vilo a los 4,2 millones de usuarios que tiene Medimás, EPS que viene operando desde el primero de agosto del 2017 cuando asumió la atención de los usuarios de Cafesalud, en medio de controversias y denuncias por el proceso de compra.

Sin embargo, pocos meses después se iniciaron las primeras investigaciones y sanciones por los incumplimientos que venía teniendo Medimás con los pacientes en materia de citas, procedimientos, entrega de medicamentos, así como en la parte de compromisos financieros.

Precisamente, en noviembre de 2017, la Superintendencia Nacional de Salud impuso la primera sanción de 1500 salarios mínimos a la EPS, tras evidenciar fallas en la prestación de los servicios de 3.238 pacientes, a quienes se les vulneró el derecho fundamental a la salud.

La segunda sanción fue una multa de 1800 millones de pesos por irregularidades en la conformación de una red prestadora de servicios, la cual fue confirmada en junio de este año. En ese mismo mes, la Procuraduría y la Contraloría pidieron a la Superintendencia intervenir “forzosamente” a la EPS, a raíz de las denuncias por deficiencias en la atención a los usuarios.

Todo esto terminó con la decisión de la agente interventora y el Ministerio Público quienes anunciaron en la tarde de este miércoles que ante las reiteradas fallas en la prestación del servicio y las solicitudes de varios entes de control, se decidió terminar el proceso de venta de Cafesalud.

“Hoy la liquidadora de Saludcoop y la junta directiva de Cafesalud acogieron la petición de la Procuraduría General de la Nación de revocatoria de la venta y terminación de contrato que trasladó las acciones al Consorcio Prestasalud y de los contratos de arrendamiento de las clínicas a través de la cuales Esimed opera como red Medimas EPS”, indicó el procurador Fernando Carrillo.

Por su parte, Ángela María Echeverri anunció que “la decisión que tomamos la hacemos de manera responsable, teniendo presente la vida y la salud de las personas. Uno puede dar plazo para pagar los abonos, los créditos, pero lo que ha ocurrido en estos últimos días, donde nos han cerrado ocho clínicas, nos lleva a tomar esta decisión”.

Ante esta medida, el presidente de la EPS Medimás, Néstor Orlando Arenas, rechazó este jueves la revocatoria de venta asegurando que ni la Procuraduría General ni la agente interventora tienen la potestad para tomar este tipo de decisiones y lo que hacen es generar un “pánico” y riesgo en los usuarios de la entidad.

“La EPS advierte que el Procurador y la agente liquidadora de Saludcoop no tienen la competencia para este tipo de decisiones, pues son de resorte de la Superintendencia de Salud y de las autoridades judiciales. Por el contrario, este tipo de pronunciamientos generan un pánico y un riesgo en la prestación del servicio a los más de 4.2 millones de afiliados con los que cuenta la aseguradora”, indicó Arenas.

En ese sentido, el directivo de la EPS reconoció que la operación recibida de Cafesalud  “no daba las garantías plenas de prestación de servicios a los afiliados” y que las dificultades de Medimás son el reflejo de las problemáticas del sector de la salud en el país, del cual no está exenta ninguna entidad.

Esta decisión motivó una reunión que se realizó en la mañana de este jueves entre el procurador general, Fernando Carrillo; el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe; el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal; el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret; y los representantes de varias EPS, quienes trazaron una hoja de ruta para la atención de los más de 4 millones de usuarios de Medimás.

“Reiteramos que los 4,2 millones de afiliados de Medimás están cubiertos y seguirán asegurados y recibiendo los servicios y la atención en salud a la que tienen derecho por mandato constitucional. El Ministerio de Salud y Protección Social, en ejecución de su rol de rector del sistema de salud, adoptará todas las medidas de regulación y coordinación necesarias para garantizar la atención actual de los afiliados a la EPS, la continuidad del servicio y la calidad en la atención en salud a que tienen derecho”, indicó Uribe.

Los funcionarios hicieron un llamado a la ciudadanos y especialmente a los afiliados a la EPS para que mantengan la calma ya que el sistema de salud tiene suficiente capacidad de reacción frente a las dificultades que pueda tener uno de sus aseguradores.

“La Superintendencia Nacional de Salud (SNS) adelantará un programa especial de vigilancia para la garantía de la calidad y la continuidad del servicio. Además, adoptará y divulgará el plan de contingencia que garantice el aseguramiento y la continuidad de los afiliados a Medimás”, manifestó el superintendente Aristizábal.

El jefe del organismo de control también indicó que la Superintendencia ha creado una línea de atención para los afiliados de la EPS a través del correo afiliadosmedimas@supersalud.gov.co en donde los usuarios podrán interponer sus denuncias ante los inconvenientes que se presente en la prestación del servicio de salud.

Quien sí se pronunció fuerte fue el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, quien rechazó lo que viene pasando en el país en materia de salud y resaltó que en la situación actual la prioridad debe ser que los pacientes sean atendidos.

“Lo que pasa en la salud de Colombia es una vagabundería criminal que atenta contra la salud y la vida de los colombianos. No podemos seguir diciéndonos mentiras en lo que tiene que ver con este tema. No es posible que los colombianos se acerquen a la Defensoría, a la Personería, a la Procuraduría para que les presentemos tutelas porque no les dan el servicio. De modo que es el momento de parar y de que el sistema funcione. Nuestra única intención siempre ha sido garantizar el derecho a la salud de los afiliados”, indicó Negret.

UNA PUJA LEGAL

En medio de la polémica e incertidumbre que se ha generado con el caso de Medimás, uno de los aspectos que ha venido tomando relevancia es si la agente interventora tiene las facultades para terminar el contrato de venta de Cafesalud.

Ante esto, el presidente de Medimás aseguró que “la EPS utilizará los mecanismos legales para poder garantizar su legítimo derecho de defensa y la protección de los derechos de los usuarios”.

Frente a esta posibilidad, el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, indicó que este tema es jurídico y por el momento no es competencia de la Superintendencia ya que la prioridad es que se sigan atendiendo a los usuarios.

“La revocatoria es un tema jurídico y yo vigilo a Medimás y a otros sujetos, pero los temas jurídicos son privados y esto seguramente tendrá un proceso que una vez se surta habrá decisiones. Por el momento, tenemos que mantener la calma, que los usuarios de Medimás estén tranquilos que los van a seguir atendiendo. La batalla jurídica no es mía, mi batalla es que atiendan a los usuarios”, manifestó Aristizábal.

No obstante, en medio del litigio jurídico que se avecina, el presidente de la EPS aseguró que la operación de la entidad seguirá garantizándose sin interrupción en los 520 municipios donde tienen presencia.