En la actualidad cerca de 15 mil personas se han sometido a la Justicia Especial para la Paz, JEP, entre excombatientes, fuerza pública, agentes del Estado y terceros y que podrían verse afectados si el presidente de Colombia, Iván Duque, no firma la Ley Estatutaria.

Y es que pese a que ya pasó por la Corte Constitucional y el Congreso de la República, ahora sigue encontrando detractores para la sanción presidencial, tal y como lo reveló a través de una carta el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y desde varios escenarios el Centro Democrático en cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Ante este escenario tan incierto para la Justicia Especial para la Paz al no contar con la sanción presidencial de la Ley Estatutaria, expertos consultados por este medio opinaron sobre ¿en cuánto riesgo está la JEP? y sobre las intenciones de parte del uribismo, principalmente, para evitar que esta justicia funcione en el país.

Desestabilización

David Murillo Cruz, abogado y Docente de la Universidad Libre considera que “en riesgo no está la JEP si tenemos en cuenta que hay una estabilidad en cuanto a los acuerdos de paz. Lo que sí pareciera es que quieren desestabilizarla y evitar que funcione bien o a plena marcha para que exista una sensación de inoperancia en la sociedad porque la Ley Estatutaria es el marco operativo que va a permitir el desarrollo de las normas constitucionales para la JEP, de hecho ya está la ley de reglas y procedimientos que es como el código procesal para esta Justicia Especial, pero necesita la sustancia que determine los derroteros de ese procedimiento y esa sustancia la trae la Ley Estatutaria, y no es que no vaya a funcionar, sino que lo va hacer a media marcha en la medida que le faltarán insumos”.

En este mismo sentido, Luis Fernando Ramírez Hernández, vicerrector de la Universidad de La Salle, indica que “existe una alta probabilidad que el gobierno objete la Ley Estatutaria de manera parcial y sería por uno de los artículos que contempla la ley y sobre los cuáles siempre ha habido como ciertos cuestionamientos, no solamente por el Congreso, sino también ahora desde la Fiscalía”.

Reflejar inoperancia

Para Murillo Cruz es claro que “la intención de objetar la Ley Estatutaria es reflejar que la JEP es inoperante y por eso mismo está generando impunidad en la medida que se va a tomar las decisiones y de esa forma justificar que los Acuerdos de Paz fueron un simulacro para la impunidad de las Farc, pero también impedir que se conozca la verdad en la medida que va a operar a media marcha entonces la verdad llegará en la misma medida y, en ese orden de ideas, no se sabrá con prontitud quiénes fueron los autores intelectuales y quiénes orquestaron el conflicto en Colombia”.

Por su parte, la socióloga Sara Tufano considera que “lo que siempre se ha dicho es que el uribismo lo que no quiere es que se conozca la verdad, esa es como la cuestión de fondo para tocar esa jurisdicción de paz porque en el fondo ellos dicen que les preocupan los delitos contra los menores, pero en realidad esas no son las preocupaciones de fondo, porque la Corte ya se ha pronunciado sobre eso y además durante las negociaciones ya se llegó a la conclusión que la justicia restaurativa es la mejor manera de satisfacer a las víctimas. En el discurso del uribismo se dice que están pensando en las víctimas y no lo están haciendo y los que están buscando la impunidad son los uribistas y en particular la impunidad de Uribe. Además, por parte del Fiscal la cuestión es política porque la Corte Constitucional se pronunció entonces, es volver a retomar este debate que tiene un interés político y que están relacionados con varios casos en los cuales él está involucrado”.

En este sentido, el Vicerrector de La Salle manifiesta que “el uribismo nunca se ha sentido conforme con la integración de la JEP no tanto con el estamento como tal, sino sobre todo, con el origen y los integrantes y la forma en que fueron seleccionados, pues el CD siempre ha dicho que la JEP#ha tenido vínculos con la izquierda y podrían ser blandos a la hora de establecer sanciones”.

Propuesta del presidente Iván Duque

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, aseguró “no voy a entrar en controversias con la Corte Constitucional, tengo una preocupación, pero desafortunadamente esa preocupación no es objetable porque salió del texto. A mí me parece que no le hace bien al país que delitos como la violación de niños puedan ser considerados, entre comillas, delitos del conflicto porque para mí no hay nada que justifique el atropello a un menor”.

En este sentido, el mandatario explicó que pese a que no puede objetar la JEP, sí está considerando la posibilidad de presentar una nueva legislación que permita que estos delitos contra menores de edad no estén incluidos en los beneficios que reciben quienes se acogen a esta jurisdicción, creada en el marco de los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc.

Respuesta de la JEP

Patricia Linares, directora de la JEP: “La Corte Constitucional hizo un examen detallado y exhaustivo de todas y cada una de esas normas que fueron producidas en el Congreso de la República después de una amplísimo debate en el que participaron todos los partidos políticos que consignaron sus acuerdos en esas normas que van a ser Ley de la República una vez el presidente sancione y promulgue esa ley como lo estableció la Corte Constitucional.

“Sobre los puntos específicos y sin entrar en ese debate político, porque no me corresponde, puedo y debo manifestar que no habrá impunidad, que precisamente el modelo y la jurisdicción en concreto fue diseñada para garantizarle a las víctimas, al país y la comunidad internacional que no habrá impunidad, que no se incumplirán los compromisos internacionales en la materia y que sancionarán a quienes hayan cometido crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad en el marco del conflicto”.

El camino de la JEP

David Murillo Cruz, abogado y Docente de la Universidad Libre dijo que el camino de la JEP está reglamentado en la Constitución en los artículos 167 y 168.

El artículo 167 dice que el Presidente tiene la obligación de sancionar las leyes, sin embargo puede oponerse a la sanción a través de la figura de la objeción que tiene dos vías, por inconveniencia o por inconstitucionalidad, y en este caso podría ejercer las dos, sin embargo la objeción por inconstitucionalidad sería inocua en la medida que ya la Corte Constitucional el año pasado en sentencia 080 determinó que el proyecto de Ley Estatutaria era constitucional.

En este momento el único camino que tendría para objetarla sería por inconveniencia y de ser así el proyecto de ley se devuelve a la Cámara y al Senado y allí ellos debatirán en plenaria y decidirán si es inconveniente o no. Si deciden que no es inconveniente el caso pasaría a sanción obligatoria del presidente, pero si él se niega se aplicaría el artículo 168 dice que si el presidente no acoge el nuevo proyecto será el presidente del Congreso quien deberá sancionarlo.

Dato

El Fiscal General de la Nación, Néstor Martínez, dijo que la Ley Estatutaria tiene cuatro disposiciones que a su juicio fomentan la impunidad.