De acuerdo con Carrillo Flórez, la Procuraduría radicó la sustentación de apelación para que se revoque en su integridad la decisión de la primera instancia. En este caso, aclaró el procurador que tuvo en cuenta 10 argumentos que fueron presentados ante la Sala de la JEP.

Carrillo consideró que “las condiciones para la paz se precisaron en el acuerdo y en las normas adoptadas para su desarrollo por ende la interpretación de las mismas debe ceñirse estrictamente al orden jurídico y no admite extensiones, ni flexibilizaciones. Pretender aumentar el régimen de condiciones benéficas para quienes se acogieron al acuerdo de paz no es procedente, y pone en riesgo la sostenibilidad de la paz”.

En el segundo argumento, el Procurador señaló que la garantía de no extradición no es un derecho fundamental o absoluto de aplicación inmediata, es simplemente un beneficio procesal que está sujeto a las condiciones establecidas por la ley, que a su juicio, no puede sobreponerse a la misma. “No sobredimensionemos esa garantía”, sostuvo.

Por otro lado, el jefe del Ministerio Público aseguró que tal garantía no puede pasar por alto la vigencia y la efectividad en los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia de extradición que llevan a garantizar la cooperación entre Colombia y la comunidad internacional.