En audiencia pública en el Consejo de Estado, la Procuraduría le solicitó al alto tribunal la pérdida de investidura de Luciano Marín Arango, ‘Iván Márquez’, esto porque el exjefe guerrillero de las Farc decidió no posesionarse como Senador de la República el pasado 20 de julio.

A juicio del delegado de la Procuraduría, Márquez habría desconocido el Acuerdo de paz sobre la reincorporación a la vida civil y política, como fue acordado en La Habana entre el grupo guerrillero y el Gobierno nacional.

En su intervención aseguró que por cuenta de lo pactado, Márquez conocía de sus “obligaciones” como miembro del Senado de la República y, pese a ello, las incumplió, acto que quedó registrado el 2 y 23 de agosto por el Secretario General del Senado, quien certificó que el exjefe guerrillero no tomó posesión de su cargo.

La funcionaria de la Procuraduría dijo también que Márquez “no generó excusa alguna. No presentó excusa de fuerza mayor para no incorporarse al Congreso” y, por el contrario, lo que hizo fue devolver su esquema de seguridad a la Unidad Nacional de Protección, aduciendo que podía cuidarse solo.

Los argumentos

Según el ente de control, Márquez no se posesionó por dos argumentos específicos. El primero de ellos relaciona las críticas formuladas en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz, órgano que investiga y juzga a los excombatientes.

Y, su segundo argumento hacía referencia a los líos judiciales de ‘Jesús Santrich’, requerido por las autoridades internacionales por su presunto vínculo con una organización dedicada al envío de droga al exterior.

Según la procuradora, “son argumentos que en nada justifican la decisión que tomó el accionado para no presentarse el 20 de julio de 2018”.

Así las cosas, lo que pudo establecer el Ministerio Público es que Márquez “actuó dolosamente. Él sabía de sus obligaciones y no las cumplió. Por esto solicita acceder a la solicitud de pérdida de investidura”.

Seguridad para exfarc

Respetar las garantías de seguridad ofrecidas en el marco del proceso de paz es lo que piden expertos de derechos humanos de la ONU, luego de conocer y condenar el reciente asesinato e intento de desaparición forzada de un excombatiente de las Farc.

El pronunciamiento hace referencia a Dimar Torres, el exintegrante de esa guerrilla que fue hallado muerto el 22 de abril a las afueras de un campamento militar en Norte de Santander.

“Este atentado es un desafío para el proceso de paz ya que no cumple con el acuerdo final que exige el respeto a la vida de todos los excombatientes quienes deponen las armas. Por lo tanto, es una violación de las garantías acordadas por Colombia”, dijeron los expertos independientes.

Del mismo modo, pidieron celeridad en las investigaciones, que estas sean “justas e imparciales”.