que en 2007 estaba al frente de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol) y salió tras el escándalo de las interceptaciones telefónicas ilegales a paramilitares desmovilizados que estaban en prisión y Santa Fe de Ralito (escenario de las negociaciones de paz entre el Gobierno y las AUC), pero que continuaban delinquiendo.

El ente de control disciplinario encontró culpable a Chávez y le impuso una sanción de 16 años para que ejerciera cargos públicos. La decisión fue considerada exprés, ya que la formulación de las conductas se hizo el 6 de diciembre de 2007 y el fallo fue proferido el 16 de febrero de 2008.

Los cargos endilgados al oficial estaban relacionados con la interceptación ilegal de comunicaciones sin orden judicial. Este episodio es recordado por la revelación que en su momento hizo la revista Semana sobre las transcripciones de algunas conversaciones interceptadas y que por cuenta del escándalo rodaron las cabezas de 12 generales, un sacudón histórico en la Policía.

Dato

Mientras fue director se presentaron falencias en la seguridad de la información, dijo la Procuraduría.