Los militares fueron señalados por la Fiscalía por promover acciones para facilitarles su ubicación en unidades en las que no se les obligara a patrullar o a combatir, lo que se conoce como cambio de arma. La teoría del ente acusador es que unos uniformados pagaron y otros cobraron entre cuatro y cinco millones de pesos por esos trámites.

El delegado del ente investigador tuvo una serie de tropiezos durante su exposición de los argumentos en la imputación de cargos y sus teorías fueron rebatidas no solo por los abogados de los militares, sino también por el representante de la Procuraduría que le pidió claridad frente a los delitos endilgados a los suboficiales.

Algunas de las evidencias que presentó el fiscal del caso eran los soportes con los que algunos de los militares lograron el traslado de especialidad dentro de las filas y las declaraciones de algunos oficiales a los que les falsificaron su firma para conseguir el aval del cambio de arma.

No obstante, a consideración de la jueza, el fiscal no logró comprobar ante el estrado la necesidad de la medida de aseguramiento intramural en contra de los militares que ahora se defenderán en libertad mientras que la Fiscalía corrige su rumbo ante el estrado.

Dato

El pasado 11 de julio, la jueza 14 de garantías declaró legal la captura de los 12 militares implicados en actos corruptos. 

Dato

La teoría del ente acusador es que los involucrados, mediante la presentación de certificados y diplomas falsos, facilitaban el traslado de militares a otras dependencias.