Consejo de Estado deja en firme inhabilidad de Arias por 16 años

VANGUARDIA - EL NUEVO DÍA
La Sección Segunda del Consejo de Estado mantuvo en firme la sanción a 16 años que el entonces procurador Alejandro Ordóñez le impuso al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, por las irregularidades halladas en el programa Agro Ingreso Seguro, AIS.

La decisión fue proferida por el magistrado César Palomino Cortés al resolver una demanda interpuesta por la defensa del hoy extraditado exfuncionario del gobierno de Álvaro Uribe Vélez que pedía que se declarara nulidad sobre la providencia proferida por el actual embajador de Colombia ante la OEA.

 

¿Qué dijo el Magisterio?

Para el Consejo de Estado, la conducta de Arias Leiva conllevó al “incumplimiento de los deberes funcionales que le competían como jefe de la cartera de Agricultura, y con esa actuación dio un mal ejemplo a los ciudadanos y no cumplió con éxito el programa loable para los agricultores de AIS”.

En la petición elevada al máximo tribunal de lo contencioso, Arias Leiva también solicitó que se le indemnizara por perjuicios materiales en $50 millones y por cuenta de perjuicios morales equivalentes a 600 salarios mínimos, es decir unos $532 millones.

Entre los argumentos que esgrime la demanda dijo que el proceder de la Procuraduría “basó en interpretaciones rigurosas lejanas a todo principio de proporcionalidad y razonabilidad; anteponiendo de manera arbitraria su interpretación y voluntad”.

Ordóñez, en su momento, enfatizó que “Arias Leiva intervino en la celebración de los convenios especiales de cooperación científica y tecnológica números 003 de 2007 y 055 de 2008 con omisión de estudios previos, y 052 de 2009 y 037 de 2009 sin contar con estudios técnicos, financiero y jurídicos precisos y completos”.

Pero fue más allá y dijo que el exministro de Álvaro Uribe desconoció los principios transparencia, selección objetiva y responsabilidad que rigen la actividad contractual.

El exministro y su abogado se defendieron señalando en la demanda que buscaba anular la sentencia que los términos de referencia elaborados por el Ministerio contenían profusamente los requisitos y condiciones que debía cumplir cada proyecto y que, con base en ellos, los funcionarios IICA elaboraron unos protocolos para evaluarlos.

COLPRENSA BOGOTÁ

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