La agenda legislativa llega con varios pendientes, en particular los proyectos de la agenda anticorrupción, comenzando por la ley que se hundió en último momento en junio pasado en la que se prohibe la casa por cárcel y que los altos funcionarios que cometan delitos deben ir a una cárcel y no a una guarnición militar.

Se intentará revivir la reforma constitucional que ordena la reducción de los salarios a congresistas y altos funcionarios del Estado.

Desde ya se oyen voces en tal sentido como el uribismo, los verdes y petrismo, que esperan llevar proyectos similares.

La ministra del Interior, Nancy Gutiérrez, aseguró que “el proyecto anticorrupción será presentado por la Fiscalía, por el gobierno, los partidos de gobierno, independientes y de oposición que deseen acompañarlo”.

El proyecto que por ahora ha centrado la mayor atención mediática es el que crea la doble instancia para los altos aforados, que será además con retroactividad, algo que no es común en las normas legislativas. El mismo se ha denominado desde ya como la “Ley Andrés Felipe Arias”, dejando entrever que es un proyecto con nombre propio. El presidente Iván Duque ya expresó que su gobierno acompañará la misma.

Incluso este viernes, en la reunión del Centro Democrático, estuvieron las ministras del Interior y Justicia acordando con el uribismo la hoja de ruta que tendrá este proyecto.

Otro tema que será ‘taquillero’, legislativamente hablando, será el que prohiba la aspersión aérea con glifosato. Desde la Alianza Verde con el senador Antonio Sanguino y el liberalismo, con el senador Guillermo García Realpe, llevarán proyectos en tal sentido.

La ministra de Justicia, Margarita Cabello, espera llevar al Congreso en los próximos días tres proyectos que tienen que ver con reformas al sistema de la conciliación, el arbitraje y un tema que modifique los consultorios jurídicos para mejorar los tiempos en la justicia.

Otros temas

El gobierno espera terminar este semestre el trámite de dos proyectos de acto legislativo a los que les queda pendiente su segunda vuelta. El primero es el que hace una reforma al sistema general de las regalías, con el cual el gobierno busca acabar con los Ocad y generar un mecanismo más ágil para el giro de los recursos a las regiones.

Un segundo tema tiene que ver con la reforma constitucional que deslinda de los delitos políticos el delito de abuso sexual contra los menores, reforma que se incorporó durante el proceso de paz con las Farc.

Las Farc anunciaron que radicarán una reforma política y electoral, otro que establece tarifa diferencial para sistemas de transporte masivo y la que modifica la ley 1780 de 2016 para introducir medidas afirmativas a favor del empleo y el emprendimiento de las mujeres entre los 18 y los 28 años de edad.

Los que presidirán el Congreso

Superado el primer año legislativo en donde el gobierno no tuvo aplanadora en el Congreso y apoyos muy complejos para temas claves, este nuevo año seguirá en la tendencia en que tendrá unas mesas directivas que se inclinarán más por la independencia colaborativa y no por el apoyo cerrado.

Las ‘alertas’ mayores del gobierno están en el Senado de la República, por cuanto la presidencia le corresponde al liberal bolivarense Lidio García Turbay. El nuevo dignatario del Senado se mantendrá en la misma línea que tuvo el saliente presidente de la Cámara, el liberal Carlos Alejandro Chacón, quien fue muy crítico con el gobierno, promovió la independencia, pero fue clave para apoyar temas importantes al gobierno.

La primera vicepresidencia del Senado será ocupada por el Centro Democrático, que ya acordó que sea el samario Honorio Henríquez Pinedo, hombre muy cercano a Álvaro Uribe Vélez.

La segunda vicepresidencia seguirá en manos de la oposición. La misma será ocupada por un senador del Polo Democrático, el valluno Alexander López.

En la Cámara de Representantes, la línea seguirá por la independencia. La presidencia le corresponde a uno de los representantes más jóvenes, Carlos Cuenca, quien es de las filas de Cambio Radical. Para la primera vicepresidencia llegará el uribista santandereano Óscar Leonardo Villamizar, quien llegó a la corporación en julio de 2018 y hace parte de la Comisión Primera.

Otra debutante y de la oposición, María José Pizarro, de la Lista de los Decentes, será desde el 20 de julio la nueva segunda vicepresidente de la corporación.

Por su parte, en las comisiones primeras, las de asuntos constitucionales, en el Senado estará presidida por la uribista Paloma Valencia o Santiago Valencia; mientras que en la Cámara de Representantes la presidencia será para un parlamentario liberal, el bogotano Juan Carlos Losada.

Duque habló sobre asesinato de líderes y

corrupción

Como sucedió en su discurso de posesión, el presidente de Colombia, Iván Duque, llamó a la unidad y aprovechó para reiterar los tres pilares de su gobierno: legalidad, equidad y emprendimiento.

“Honorables Congresistas, este año del Bicentenario nos brinda una oportunidad de revivir tanto el sentir de unión nacional como el orgullo patrio que marcó ese momento histórico”, dijo el mandatario.

En su discurso ante los congresistas colombianos, Duque aprovechó para saludar “a los partidos de oposición. Ese mismo respeto me lleva a reiterarles que no reconozco enemigos ni contendores políticos. Mi deseo es gobernar para todos y con todos los colombianos”.

Además aprovechó para tocar temas neurálgicos como el asesinato de líderes sociales, la consulta anticorrupción y la cadena perpetua. “Impulsaremos la propuesta de cadena perpetua para los agresores y abusadores de los más vulnerables de nuestra sociedad y radicaremos ante el Congreso un nuevo proyecto anticorrupción, concertado con la Fiscalía General de la Nación y las distintas bancadas”, dijo.

Sobre el asesinato de líderes sociales, aseguró que durante su gobierno estas muertes se han reducido en 35%, “así como rechazamos la corrupción, repudiamos los asesinatos de los líderes sociales. Cuando tomé posesión denuncié esta situación que ya estamos enfrentando desde el Plan de Acción Oportuna”.

Duque también afirmó que radicará un proyecto para pensionar a cadetes heridos tras el atentado perpetrado por el Eln en Bogotá.