Un nuevo escándalo por presuntos actos de corrupción, del que harían parte 14 militares, dos de ellos retirados, está por estallar en el Ejército. Así se conoció tras una audiencia celebrada en los juzgados de Paloquemao ante el despacho de la jueza 15 de garantías, en la que cinco de los aparentes responsables se presentaron de manera voluntaria.

Los hechos que se investigan habrían ocurrido entre 2013 y 2016. En ese lapso, habrían logrado alterar los sistemas de la base de datos de talento humano para que por lo menos 543 militares lograran su retiro de la institución antes del tiempo legal.

Por esta labor, dice la Fiscalía los involucrados cobraban entre 1 y 1.5 millones de pesos a cada uno de los beneficiados.

Los cinco que se presentaron ante la jueza no aceptaron su responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, falsedad en documento público y acceso abusivo de base de datos.

Ninguno de ellos aceptó su responsabilidad. De ser hallados culpables de estas penas pagarían entre seis y 24 años de cárcel.

Los militares que se presentaron ante el despacho fueron identificados como la cabo Érika Carrillo y los sargentos Héctor Betancur, Luis Ovidio Pazos, Wílmer León y Javier Malaver. Se espera que en las próximas horas se expidan las boletas de captura en contra de los nueve restantes.

De acuerdo con lo expuesto ante el estrado, los militares lograban alterar el Siat, una plataforma en la que se consignan las bases de datos de los integrantes del Ejército.

A ese sistema solo tenían acceso unos cuantos debido a lo sensible de la información que maneja.

Uno de los integrantes de la red era quien contactaba a los futuros ‘clientes’ y les ofrecía el retiro en un tiempo más corto. En síntesis, les aumentaban el tiempo de servicio en las filas.

Por ejemplo, si alguien había ingresado en 1990 a la vida militar, el sistema se modificaba para que en su registro apareciera que había empezado en 1988 o 1989.