La fuga de la excongresista Aida Merlano, condenada por la compra de votos, es el capítulo más reciente de los escándalos que rodean al Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec.

En la lista de los escándalos al interior de las cárceles se da cuenta de la compra de espacios, el ingreso de celulares, sustancias sicoactivas, licor, prostitutas y hasta permisos para la realización de fiestas a cambio de dinero.

Vale la pena decir que la fuga de Merlano está combinada entre la incapacidad del Estado y la corrupción del Inpec y, según indicó Rodolfo Mantilla Jácome, docente de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, “no cabe ninguna duda de que están involucrados desde el director de la institución hasta el conductor que transportó a la política”.

De igual manera, el docente de la Unab considera que el tema carcelario en Colombia está mal gestionado desde hace muchos años, entre otras cosas, porque se dice dentro de un sistema judicial sano que la cárcel es un mecanismo de rehabilitación, pero “en Colombia la cárcel es un mecanismo de corrupción, de aprendizaje del crimen y de realización de más crímenes”.

Además, agrega Mantilla, porque en el país los Congresistas y la política en general piensan que la solución de la lucha contra el hurto es aumentando las penas, tal como se propone de la cadena perpetua a violadores de niños.

En este mismo sentido, David Murillo, docente de Derecho de la Universidad Libre, considera que no es la primera queja sobre el Inpec sino que “ha habido bastantes errores y evidentemente tiene que haber una reforma y no creo que la solución sea crear otra institución porque puede nacer igual. Lo que deben hacer primero es reestructurarlo, que existan controles para el ingreso a la institución, pero también es un tema cultural porque por más que le paguen bien a estos funcionarios, estamos frente a un grupo de corruptos que tendrán siempre más dinero para ofrecerles”.

Hacinamiento carcelario

El hacinamiento en las cárceles de Colombia es un asunto que ha sido denunciado en varias ocasiones y que de muchas formas da pie para que siga existiendo corrupción.

En este sentido Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, considera que el Inpec hace años atraviesa por una crisis estructural que se manifiesta en su inoperancia funcional y en su deficiencia administrativa; no obstante, esta grave situación está estrechamente relacionada con el hacinamiento carcelario, la contratación y, sobre todo, por la corrupción, esto es lo que hay que atacar”.

A decir del Director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, el Inpec “hay que reformarlo, jurídicamente es muy difícil eliminarlo o cambiarlo, ahora bien, muchos de esos males se resuelven con inversión, con dinero, es inaplazable la construcción de nuevas cárceles, nuevos guardianes, con contratación transparente y el concurso de entidades territoriales y voluntad política para hacerlo”.

Contrario a estos planteamientos de reestructurar el Inpec, Francisco Bernate, docente de la Universidad del Rosario, piensa que no es necesario acabar la institución, ni siquiera reformarla: “Cualquier país necesita una fuerza ejercitada en el manejo de las penitenciarías y el Inpec lo hace muy bien, habrá escándalos o habrá dificultades, pero eso no significa que haya que acabarla o sustituirla”.

Decisiones mediáticas

Casi 24 horas después de la fuga de Merlano de un consultorio odontológico, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, pidió las renuncias del director del Inpec, William Ernesto Ruiz, y de la directora de El Buen Pastor, Diana Muñoz; horas más tarde la Procuraduría aseguró que se tenían las pruebas y anunció la separación del cargo de varios funcionarios del Inpec e investigación a otros tantos.

De acuerdo con los analistas consultados, este tipo de medidas son una salida mediática que en nada ayuda a solucionar el problema que hay de fondo.

“Esta es una respuesta de tipo mediático para que la ciudadanía se convenza de que se está haciendo algo, pero evidentemente es muy sospechoso que hayan incurrido en tantas irregularidades“, opina Murillo.

De acuerdo con Bernate, “no se entiende cómo es que en cuestión de horas dicen obtener toda la evidencia sin hacer todos los estudios, y los funcionarios son destituidos inmediatamente o se les pide públicamente la renuncia, cuando eso lo que hace es darle más poder a la guardia y en absoluto fortalece al instituto. Lo que hay que hacer es reducir la población carcelaria a través de la racionalización de la pena, que no haya gente detenida para que los reclusos tengan una vida digna y los guardianes puedan hacer un trabajo digno”.

De igual manera, Murillo considera que estas acciones son respuestas mediáticas, pero que no tiene consecuencia frente al fondo del asunto: “en el caso de Merlano hay preguntas como quién pagó para la fuga y qué relación tienen los grupos políticos de la costa con la fuga, eso es lo que tienen que hacer, y no salir a despedir a unas personas para dar una respuesta”.

De la misma opinión es Burbano Villamarín, al considerar que “cambiar de director o subdirector no resuelve el asunto, aunque es necesario establecer responsabilidades penales y disciplinarias”.

Otra mirada tiene el docente de la Unab al considerar que “las destituciones por lo menos sirven para lavar la cara al Gobierno”, por todas las situaciones tan dramáticas que están ocurriendo.

Frase

"Las cárceles son manejadas por caciques que son personas que tienen el poder de matar y todo tiene precios altísimos", Rodolfo Mantilla,docente de la Unab. 

Cifra

15 años fue la condena impuesta a la excongresista Aida Merlano, quien se fugó de un consultorio odontológico.