Con seis votos a favor y tres en contra, la Corte Constitucional declaró inexequible la reforma tributaria del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, más conocida como Ley de Financiamiento que buscaba recaudar unos $7 billones, lo que según diferentes centros de pensamiento, gremios y universidades traería consecuencias nefastas para la economía del país. Los magistrados tomaron esta decisión por errores de trámite.

Desde el Gobierno se había dicho que sería “un frenazo para la economía”. La misma opinión expresó la Andi, asegurando que sería “una catástrofe económica”.

Según la Andi, el recaudo tributario se situaría en $156,9 billones, lo que significaría una caída de $1,6 billones frente a lo previsto en las cuentas fiscales. Y es que para ese año se estima que los recaudos por patrimonios a las personas naturales, el IVA plurifásico a las cervezas y gaseosas y el impuesto al consumo por la venta de inmuebles, todos impuestos que se incluyeron en la Ley, serían cero para 2020.

“Se estima que la economía podría perder cada año cerca de 0,8% y 1% anual y esta caída podría ser acumulativa. Perder esto nos va a poner más atrás para la lucha contra el desempleo y la informalidad. Para que tengamos oportunidad de disminuir el desempleo, tenemos que crecer a tasas superiores a 3,5%”, aseguró Bruce Mac Master.

“Nadie volverá a creer en una reforma

tributaria”

Desde el Ministerio de Hacienda se señalaron dos escenarios de riesgo. Según el ministro Alberto Carrasquilla, “nadie volverá a creer en una reforma tributaria ni Ley de Financiamiento”. Así mismo asegura que esta decisión costaría cada año 1,5 puntos del PIB de crecimiento.

Dado esos menores recaudos que recibiría el Gobierno como resultado de la caída de la Ley, el gremio de los empresarios también indica que los ingresos tributarios como porcentaje del PIB pasarían de pesar en 2019 de 14,3% a 13,9% y se llegaría en 2030 a 13,1%.

¿Desfinanciar inversión social?

Se proyecta que la caída de la norma llevaría a una posible calificación del grado de inversión del país a la baja y que se crearía un factor de incertidumbre legislativa que llevaría tiempo recuperar.

En ese sentido, otro concepto emitido por el Consejo Gremial en conjunto advirtió que la declaración de inexequibilidad también pondría en vilo el cumplimiento de la regla fiscal y la sostenibilidad de las finanzas del Estado, lo que tendría serias repercusiones en el bienestar de los colombianos pues el Gobierno tendría que recortar el gasto y con ello se podrían desfinanciar los programas de inversión social, educación, seguridad y defensa, entre otros.

En total, había 26 demandas contra de la Ley de Financiamiento y cinco de ellas pedían tumbar todo el texto mientras que el resto solo solicitaba que se cayeran algunos artículos puntuales.