Reclutamiento de menores: un problema sin eco en el Estado

Las denuncias por forzar a los menores a integrar grupos armados organizados aumentan, según la organización Coalico. Sin embargo, esos casos parecen no tener efecto en el Estado que, como en el caso de Caquetá, habría desentendido las retiradas alertas de la Personería de Puerto Rico.

En cuatro oportunidades, 28 de mayo, 20 de junio, 23 de julio y 26 de agosto, el personero de Puerto Rico, Caquetá, Herner Carreño, alertó sobre la presencia de grupos armados residuales o disidentes, que estaban reclutando menores de edad de la región. Las cartas fueron enviadas a diferentes comandantes del ejército de los batallones de la zona y al alcalde de esa población Hernán Armando Bravo Molina.

Hubo dos misivas más, fechadas el 2 y el 9 de septiembre. En esta última hace un “urgente llamado” para convocar al equipo de atención inmediata del que hacen parte el Icbf, miembros de la Fuerza Pública, comandante de Policía de Puerto Rico, el alcalde, el secretario de Gobierno y el comisario de familia para la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Carreño ya no está en el pueblo, salió huyendo por cuenta de las amenazas por sus denuncias, pero se pregunta qué habría pasado si las autoridades hubiesen actuado a tiempo y antes del bombardeo contra el campamento de alias ‘Gildardo Cucho’, en el que ocho menores fallecieron.

Desde el ataque, ocurrido en agosto pasado, se inicia una serie de irregularidades que no han sido esclarecidas. Según Carreño “una vez ocurrió el bombardeo convoqué de manera urgente y extraordinaria al equipo de atención inmediata para la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, pero pasaron ocho días y el alcalde no la convoca”.

Sin embargo, ante la gravedad de los hechos, al lugar arribó una comisión de la Defensoría y de la ONU preguntando por la situación, motivo por el cual, el mandatario local, organizó la reunión en la que Carreño expuso los casos de las tres menores que fallecieron en el epicentro del teatro de operaciones del Comando Conjunto de Operaciones Especiales.

El personero Carreño sostiene que de esa reunión se pactó que para el 18 de octubre se entregara un informe sobre las acciones que cada entidad ha realizado para prevenir el reclutamiento forzado de menores. “Llegó esa fecha y las únicas personas que hicieron presencia fueron el comandante de Policía, el secretario de Gobierno, la comisaría de Familia, el secretario de Desarrollo Social y yo, pero como no había quórum no se celebró esa reunión”, denuncia el delegado del Ministerio Público.

Aún no hay explicación del por qué, el Icbf, la entidad llamada a velar por la protección de los menores en el país, no acudió a la reunión. Solo se apresuraron a hablar con Carreño una vez estalló el escándalo denunciado en la moción contra el ministro de Defensa, Lorenzo Guillermo Botero, que desencadenó su salida del Gobierno.

Colprensa se comunicó con el Icbf para obtener respuesta sobre su ausencia en la reunión convocada, no obstante, la entidad no se pronunció al respecto.

 

Así los reclutan

Al igual que en Caquetá, el reclutamiento de menores por parte de grupos ilegales sigue siendo una problemática latente en varias zonas del país. La Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) resalta que este fenómeno presentó un aumento al comparar el primer semestre de este año con el de 2018.

El informe de Coalico señala que entre enero y junio de este año hubo 33 casos de reclutamiento de menores, mientras que en el mismo periodo de 2018 se documentaron 24 eventos, es decir un incremento del 41,6 %.

A la par con estas cifras, desde Coalico resaltan que se identificaron 126 eventos entre enfrentamientos, amenazas, hostigamientos y otras acciones bélicas hacia niños, niñas y adolescentes en los primeros seis meses de 2019.

“Donde se registraron mayor número de eventos de conflicto armado que afectaron NNA fueron Antioquia (25 eventos), Norte de Santander (19), Chocó (17), Nariño (10), Cauca (9) y Valle del Cauca (8)”, indica el informe.

Julia Castellanos, investigadora de Coalico, explica que los métodos más usados para convencer a los menores son las amenazas, pagos con dinero o regalos y el enamoramiento. Esta situación, según la experta, se presenta en zonas del país con baja presencia del Estado.

Una de las grandes preocupaciones existentes sobre reclutamiento, según la investigadora, es que no solo niños colombianos están siendo reclutados, sino también los venezolanos están en un gran riesgo de vivir esta situación.

Carreño recuerda que la Constitución es clara en señalar que para el cuidado y protección de los NNA es responsabilidad de la familia, de la sociedad y del Estado. “Pero cuando la familia y la sociedad fallan, el Estado tiene que intervenir porque tiene unos compromisos internacionales de garantizarles los derechos”, sostiene.

Insiste que debe existir una articulación entre las entidades para atender las rutas de prevención tempranas, las urgentes y de protección para que se apliquen de manera correcta.

“Eso requiere de la actitud, el interés y la disposición. Estoy decepcionado del Icbf que no le presta atención a los casos que la Personería puso en conocimiento. Uno como representante de la sociedad y del Estado se siente solo”, concluyó Carreño.

 

¿Qué dice el DIH?

Dentro del complejo universo que abarca el DIH se habla del principio de distinción que establece que entre las partes que están en un conflicto debe distinguirse entre quiénes son combatientes y quiénes son civiles, para atacar así objetivos legítimos.

El general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares y actual encargado del Ministerio de Defensa, ha insistido en que ‘Gildardo Cucho’ era un objetivo lícito y, según sus declaraciones, no tenían conocimiento de la presencia de menores en el campamento.

El profesor universitario y magíster en Derecho Internacional, Elquín Infante, recuerda que en el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra se advierte que está prohibido el reclutamiento de personas menores de 15 años. “Pero Colombia también hace parte de la Convención de los derechos del niño y allí se dice que el país se compromete a no reclutar a personas menores de 18 años, esto es para el Estado, es decir, para las Fuerzas Militares”.

Acá es donde cabe la pregunta que muchos se hacen y hace referencia a si los menores que murieron tras el ataque eran combatientes o estaban reclutados.

“Hay que promover medidas preventivas de protección para evitar que los niños sean vinculados a los grupos armados, atendiendo a los casos que se reporten de inmediato desde los territorios”, opina la investigadora Castellanos.

 

Dato

En el primer semestre de 2019 se han reportado 33 casos de reclutamiento de menores, un aumento 41,6% con relación al mismo periodo de 2018, en el que se registraron 24.

Credito
COLPRENSA

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