Al menos 73 indígenas y 53 campesinos de Córdoba fueron desplazados de sus hogares por enfrentamientos entre grupos armados ilegales, denunció ayer la Comisión de la Verdad.

El organismo dijo en un comunicado que “ha recibido de las comunidades la información de que el 12 de noviembre un grupo armado al margen de la ley produjo el desplazamiento masivo de más de 73 personas de la comunidad Embera Dochama y 53 campesinos en Altos de Uré en la vereda Batatalito del corregimiento de Versalles en el sur de Córdoba”.

La Comisión añade que este hecho se suma a las denuncias de la población sobre el escalamiento de la violencia en el municipio de San José de Uré, en donde han sido asesinadas tres personas este mes.

La Comisión considera “urgente” que el Gobierno tome medidas que garanticen la vida y pervivencia en paz de las comunidades, y que se adopten “medidas eficaces contra estas formas de violencia en el sur de Córdoba”.

Las comunidades afectadas por los desplazamientos forzados piden al Gobierno que reconozca formalmente el resguardo Embera Dochama, “solicitud elevada por sus autoridades étnicas hace 40 años”.

También solicitan el cumplimiento concertado y efectivo del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección y estrategias de “protección de la población civil, sus líderes y lideresas que no se reduzcan a la militarización del territorio”.

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Este desplazamiento se suma al denunciado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Ocha, que alertó sobre el hecho de que casi mil personas salieron forzadamente de sus hogares en los municipios de Ábrego y La Playa de Belén, que son cercanos a la frontera con Venezuela, debido a enfrentamientos que recientemente se han producido entre el Ejército de Liberación Nacional, Eln y Los Pelusos, un grupo dedicado al narcotráfico.

Esta zona es una de las más convulsas del país por la presencia de varios grupos armados ilegales, como el Eln y las disidencias de las Farc, que se disputan el control del territorio y el narcotráfico.

Comunidades indígenas en la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, reconoció ayer al territorio indígena “Katsa Su” del pueblo indígena awá y a los 32 cabildos indígenas que lo componen como víctimas del conflicto armado colombiano.

La Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP determinó la “inescindibilidad” del territorio y el pueblo awá -es decir, la imposibilidad de separar o dividir su región- y avaló las “graves afectaciones, diferenciadas y desproporcionadas que sufrieron en el conflicto armado”.

Por eso, la JEP procedió a acreditarlos como víctimas dentro de la justicia transicional, y reconoció a 32 cabildos que están integrados por unas 20.200 personas y asentados en 27 resguardos y cinco territorios ancestrales en proceso de titulación.

Dato

 Del total de 945 desplazados, al menos 405 son niños y adolescentes que tienen “restricciones de acceso a la educación”, pues no han podido asistir a clase.