Colombia cumple 11 días entre la incertidumbre por las protestas que comenzaron como un reclamo sindical y se convirtieron en un movimiento popular en las calles y la expectativa de un diálogo con el Gobierno para retornar a la normalidad.

Las manifestaciones marcaron un punto de inflexión en la sociedad, poco acostumbrada a hacerse sentir, pero que en esta ocasión se volcó a las calles de Bogotá y grandes ciudades para sumarse a la presión al gobierno del presidente Iván Duque, un mandatario que en sus discursos y actuaciones recientes ha mostrado una clara desconexión con la realidad.
En los días previos al 21 de noviembre, cuando comenzó la protesta, el Gobierno intentó quitar hierro a las exigencias de las Centrales Obreras con el argumento de que no había presentado al Congreso las reformas laboral y de la seguridad social, base del malestar popular, y lo mismo con los otros puntos de las peticiones, pero no hubo diálogo directo para tratar de llegar a un acuerdo.

De las urnas a las calles 

Los más radicales del Gobierno no muestran voluntad de hacer concesiones y consideran que por haber ganado las elecciones presidenciales de 2018, el partido Centro Democrático y sus aliados conservadores tienen la potestad absoluta de definir las políticas nacionales, sin tener en cuenta los reclamos de la sociedad, postura que dificulta cualquier acercamiento a los sindicatos.

Pese a que las demandas de las Centrales Obreras son semejantes a las que se han hecho a otros Gobiernos en Colombia y otros países, cada vez que se plantean reformas que estiman pueden poner en riesgo la estabilidad de los trabajadores, en este caso gente cercana a Duque las considera un intento de la oposición de izquierdas de ganar en las calles lo que no consiguieron en las urnas.

Con respecto al diálogo, el primer intento no produjo ningún avance por la desconfianza, de los miembros del llamado “Comité Nacional de Paro”, en el Gobierno por no entablar un diálogo directo para tratar sus demandas sino que los incluyó en lo que denominó “Gran Conversación Nacional” con distintos sectores, para tratar todos los problemas del país, un ejercicio participativo que debe extenderse hasta el próximo 15 de marzo.

“Yo creo que el Gobierno está buscando no legitimar al Comité Nacional de Paro como interlocutor y por eso convoca a ese ejercicio que llamó de ‘Conversación’ para, por el contrario, legitimar sus políticas”, destacó el analista Alejo Vargas, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional.

Lo que viene 

Quienes promueven manifestaciones siguen convocando actividades como un “cacerolazo intercontinental” hoy  primero de diciembre, una nueva movilización en las calles el próximo miércoles 4 de diciembre y  un concierto el domingo 8 de diciembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá para mantener la llama encendida.

De igual manera se han convocado asambleas del paro en diferentes barrios y localidades en la capital del país. 

Las pérdidas que ha dejado el paro 

Un informe de Fenalco explicó que en una temporada normal, donde la actividad comercial se redujo 40%, las pérdidas serían del orden de $150.000 millones al día. Así, con la semana de manifestaciones se estaría hablando de $1,2 billones en pérdidas.

Al segmentar esto por sectores, Acodres reportó pérdidas de $12.400 millones por menores ventas, y en los días más fuertes de vandalismo $1.750 millones por daños a locales y puntos de venta. 

“Seguimos trabajando y operando, pero cuando hay anuncios de paro nos toca cerrar por la seguridad de nuestros empleados, ha habido cadenas y franquicias que en un solo día han perdido entre $150 millones y $200 millones”, dijo Henrique París, presidente de Acodres.

En otras industrias como la del turismo, el balance de Cotelco fue que en el primer día de manifestaciones la ocupación nacional cayó en 5,3 puntos porcentuales y las pérdidas acumuladas calculadas alcanzan los $2.000 millones diarios por menor ocupación de habitaciones. Incluso en el entretenimiento, se han cancelado más de 10 conciertos entre Bogotá, Cali y Medellín. Para el productor musical, Julio Correal, “esta es una de las partes preocupantes de las marchas, cada concierto que cancelan son 1.500 trabajos que se pierden, y las promotoras se afectan”.