El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó la suspensión del “fracking” en el país e impuso nuevas condiciones a futuros proyectos piloto, al resolver un recurso por posibles riesgos para la salud y medioambiente de esa técnica de extracción de hidrocarburos.

El tribunal ordenó “establecer una relación de oferta y demanda hídrica de las actividades agropecuarias, domésticas e industriales en las áreas de influencia de los proyectos” en los se pretenda emplear esa técnica, para proteger “el caudal ecológico de las fuentes hídricas”, señala el fallo notificado a la ONG Corporación Podion.

También ordenó que se debe proteger los acuíferos subterráneos, precisamente porque el fracking “podría podrían entrar en contacto con fracturas naturales preexistentes, que dependiendo de su extensión vertical podrían conectar con la base acuífero”.

Esta fue la respuesta a un recurso presentado para que se mantenga suspendido el “fracking” en el país mientras no existan estudios científicos que garanticen que con esa actividad “no se pondrá en riesgo la salud, el aire, el agua, el subsuelo y en general a todo factor integrante del medio ambiente”.

Detractores en el país han denunciado riesgos vinculados a la fracturación hidráulica o “fracking”, una polémica técnica que consiste en inyectar agua y sustancias químicas a alta presión para quebrar las capas del subsuelo y liberar así petróleo y gas.

Sus defensores, en cambio, aseguran que es necesaria la extracción petrolera y de gas para aumentar las reservas.

Controversia por pilotos

En septiembre pasado, el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, mantuvo la suspensión del “fracking” decretada en 2018, aunque confirmó el aval a la realización de proyectos piloto de investigación, para revisar su viabilidad, sujetos a las recomendaciones de un comité de expertos.

En ese sentido, el tribunal de Cundinamarca ordenó también al Gobierno que, dentro de la reglamentación para los proyectos piloto, realice un estudio que evidencie una distancia adecuada entre las zonas de realización de la actividad y las viviendas y garantice “la no afectación química de los elementos usados en el compuesto de fractura y su inocuidad a la salud humana”.

La Alianza Colombia Libre de Fracking, integrada por organizaciones ambientalistas y sindicales, académicos y activistas, señaló que el fallo representa un nuevo obstáculo a esa práctica y reiteró su rechazo al desarrollo de los proyectos piloto.“Los proyectos piloto no solo pueden ser la puerta de entrada para esta nefasta técnica sino que además su magnitud y escala no pueden ser comparables con los cerca de 1.200 pozos que se estiman podrían estar en actividad con el desarrollo a plenitud de esta técnica”, señaló la alianza

Dato

 Entre los requerimientos se pide proteger los acuíferos subterráneos y las fuentes hídricas, así como la salud de las personas cercanas a las zonas de explotación.