Sin embargo, para el procurador Fernando Carrillo, tal normativa resulta proporcionada y responde a una acción válida basada en la protección de las pequeñas empresas como fuente de trabajo, así mismo de las mujeres, pues evita escenarios de discriminación como instrumento para eludir el cumplimiento de la ley.

“Las entidades privadas con más de 1000 empleados y las entidades públicas dispondrán de dos años para realizar las adecuaciones necesarias en cumplimiento de lo dispuesto por el Ministerio de Salud, mientras que las empresas privadas con menos de 1000 empleados contarán con cinco años para realizar tales adecuaciones”, dice el concepto.

Se espera que este tema se debata la próxima semana en la Sala Plena de la Corte Constitucional.