“La paz es todavía esquiva en Colombia”: Cicr

El Gobierno señaló que la relatoría sobre los derechos humanos presentada ayer “desconoce nuestras garantías y ordenamientos constitucionales y legales en procesos administrativos y judiciales” a los líderes sociales.
Crédito: VANGUARDIA - EL NUEVO DÍA
La Cancillería transmitió en Ginebra algunas objeciones frente a consideraciones del informe que según su óptica “no reflejan objetividad e integridad”.
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Las violaciones y abusos a los derechos humanos siguen afectando a Colombia. De acuerdo con el informe Retos Humanitarios 2020, presentado ayer por la Cruz Roja Internacional, Cicr, la presencia de grupos armados más desestructurados dificultan tanto el nivel de análisis de la situación, como la capacidad de la organización de dar la respuesta humanitaria que la población necesita.

“Los abusos de la guerra no han menguado y tienen una configuración distinta en cada región del país. Esto significa que acciones como identificar las estructuras de los actores armados, establecer un diálogo para recordarles su obligación de cumplir las normas humanitarias y explicarles la importancia de permitirnos llegar a las víctimas todavía son nuestros grandes retos como trabajadores humanitarios, que también enfrentan otras organizaciones e instituciones estatales”, explica el informe.

En 2019, la Cicr registró tendencias sobre dinámicas que persisten como la de las víctimas utilizadas por miembros de grupos armados para sus actividades, quienes fueron posteriormente violentadas sexualmente. En ocasiones, como represalia, otros grupos los desaparecieron o asesinaron. Las amenazas suelen extenderse a sus familias, las cuales debieron desplazarse y permanecer en silencio.

Tanto el miedo como la normalización de muchas de estas prácticas, dificultan la capacidad de conocer más casos y la posibilidad de tomar medidas preventivas para proteger a posibles víctimas.

“Nuestros equipos documentaron el año pasado 987 violaciones al DIH y otras normas humanitarias. La mayoría fueron graves hechos como amenazas, homicidios, actos de violencia sexual y reclutamiento de menores. La población civil sigue sufriendo las peores consecuencias del conflicto y la violencia armada y hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, las víctimas guardan silencio sobre esta situación por temor a represalias. Vivir sin miedo es una deuda pendiente para Colombia”, afirmó Christoph Harnisch, jefe de la Delegación del Cicr en Colombia, durante la presentación del balance anual.

Para este organismo internacional resulta preocupante que los actores armados continúen irrespetando las reglas mínimas de la guerra. El año pasado la organización documentó 93 nuevos casos de desaparición. Aunque las cifras reflejan en parte el complejo panorama que se vive el país, existen otros indicadores como las condiciones de salud mental y la desesperanza de las poblaciones apartadas en Colombia.

A pesar de que se obtuvo información sobre 913 de las 2.158 personas que busca el Cicr, solo se resolvieron 116 casos, es decir, el 5% del total. Lo anterior evidencia que encontrar a las personas que faltan es una tarea titánica que tomará muchos años y a la que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas dedica todos sus esfuerzos, en conjunto con otras instituciones.

 

Nuevas dinámicas

“El panorama que vemos hoy es más complejo que el del año pasado. Los grupos armados están más fragmentados y el conflicto tiene nuevas dinámicas que se expresan de manera distinta en cada territorio. Esta realidad dificulta el diálogo que tenemos con todos los actores armados para promover el respeto de las normas humanitarias y hace más difícil la protección de la población civil”, indicó Harnisch.

 

Agresiones y amenazas

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, hubo 218 agresiones contra el personal sanitario y la infraestructura de salud. En la mayoría de los casos, la naturaleza de las agresiones correspondió a lesiones y amenazas. Estos hechos, junto con las precarias condiciones de las estructuras médicas, afectaron de manera directa el trabajo del personal de salud y dificultaron la labor fundamental de salvar vidas.

En las zonas más afectadas por el conflicto y la violencia armada, el deterioro de la situación humanitaria y la insuficiente respuesta estatal para garantizar las necesidades mínimas de las comunidades aún marca la cotidianidad de los pobladores.

El año pasado la labor de la Cruz Roja benefició en total a 557 mil personas, en cumplimiento de su mandato estrictamente humanitario. En ese contexto, la organización obtuvo información sobre el paradero de 116 personas desaparecidas, 75 de ellas fueron localizadas con vida. Así mismo, los equipos del Cicr trasladaron los restos humanos de 60 desaparecidos para ser entregados a las autoridades o a sus familias.

“Nos esforzamos para aliviar el sufrimiento de las personas que padecen las consecuencias de la violencia, y recordarles a las partes del conflicto la obligación que tienen de respetar las normas humanitarias y excluir a la población civil de la confrontación. No hay que olvidar que las guerras sin límites son guerras sin fin”, señaló Harnisch.

 

País donde más se asesinan líderes

En Suiza presentó ayer su informe sobre Colombia el relator de Derechos Humanos de la ONU, Michel Frost, quien concluyó en el texto que, pese a la firma del Acuerdo de Paz, los defensores de Derechos Humanos en zonas rurales del país están siempre expuestos al riesgo y la violencia.

Frost indica que, de manera especial, se han visto afectados líderes sociales que defienden causas como la implementación de los Acuerdos de Paz, la protección de medio ambiente y los derechos de los pueblos étnicos.

Estos ciudadanos, indica, han presentado su oposición “frente a los intereses de grupos criminales, grupos armados e ilegales, y frente a los intereses de actores estatales y no estatales como empresas nacionales e internacionales y otros grupos de poder”.

Otro dato relevante dentro del informe es que Colombia sigue siendo el país de América Latina donde más defensores de Derechos Humanos son asesinados.

Destaca, además, que “las personas defensoras carecen además de un reconocimiento público y social positivo, a pesar de declaraciones públicas del Presidente del Gobierno y otras autoridades reconociendo su importante papel, y son deslegitimadas y criminalizadas por otros actores estatales y no estatales”.

Cabe recordar que el texto presentado por Frost es producto de una visita al país que realizó entre el 20 de noviembre y el 3 de diciembre de 2018, en la que se propuso constatar la situación de Derechos Humanos en el país, además de identificar mediante cuáles mecanismos se ven vulnerados los derechos de los líderes sociales.

También se resaltó la alta tasa de impunidad frente a los homicidios de líderes sociales en Colombia, la cual se ubica en 95%, según el informe.

 

Dato

La semana pasada el Gobierno también se opuso al informe de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

COLPRENSA

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