El documento fue radicado en la secretaría de la Corte Constitucional debido a que, según la Comisión, la normativa vulnera el deber del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos de la sociedad y de las víctimas del conflicto armado a la verdad y a la memoria.

En la misiva presentada reposa tres puntos importantes a juicio de los demandantes: “El primero es contra un inciso de la ley que establece la definición de veterano, ya que en ella no se excluye a miembros en retiro, pensionados o reservistas de honor de la fuerza pública condenados por violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario o que estén siendo juzgados por dichos hechos”.

El segundo cargo es contra el artículo 3 de la ley 1979 de 2019, por considerar como “población vulnerable” a todos los miembros en retiro, pensionados o reservistas de honor de la fuerza pública, pues si bien es posible que algunos miembros de la fuerza se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, esta expresión no puede ser aplicable a quienes no lo están, como pueden ser los pensionados con altos ingresos.

Así las cosas, para los demandantes la expresión “población vulnerable”, no es aplicable a la totalidad de los veteranos. Por ejemplo, mientras que los veteranos y sus núcleos familiares tienen un importante acceso a bienes y servicios por parte de sector defensa, orientados a mitigar los riesgos que genera la prestación del servicio en la fuerza pública, la población vulnerable en Colombia como lo son las personas en condición de pobreza extrema, se encuentran en un estado de indefensión por no acceder efectivamente a sus derechos y recibir deficientemente la atención institucional para acceder a recursos, bienes, servicios públicos, entre otros.

El tercer cargo es contra los artículos 6 y 9 de la “Ley de Veteranos”, que establecen mecanismos de promoción de la memoria de integrantes de la Fuerza Pública orientados a realzar su honra, valentía y contribuciones al bienestar general.

“Estas normas transgreden el derecho a la verdad en su dimensión colectiva, y por ende son una afectación al deber de respetar, proteger y garantizar los derechos de la sociedad y de las víctimas”, dicen en el documento.

Los demandantes añadieron que tales acciones generan el riesgo de sobrepasar el papel del Gobierno nacional en la preservación de la memoria, debido a que impone la obligación de exaltar a los veteranos sin distinguir a quiénes desarrollaron sus actividades honoríficamente y quienes en ejercicio de sus funciones violaron los derechos humanos.