El pasado miércoles en la noche, hubo una alerta entre los fondos de pensiones privados, inversionistas del mercado bursátil, académicos y varias voces del sistema financiero por el decreto que estaba listo en el Gobierno, que pretendía trasladar los ahorros de 350.000 cotizantes con 10 o menos años de las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, a Colpensiones, lo que trasladaría caja por cerca de $30 billones y una deuda para el Estado de entre $50 billones y $60 billones.

El viceministro de Hacienda, explicó ayer que parte de la motivación en el borrador era que Colpensiones dejará de recibir $3 billones entre 2020 y 2021 por la reducción de los aportes de los cotizantes a causa del desempleo. Sin embargo, la iniciativa no cayó bien entre los fondos privados y en algunos sectores del Gobierno.

Pese a que se cayó el decreto, en el Congreso de la República hay otro proyecto de ley que estaría en vía de ese mismo objetivo.  Se trata de un nuevo artículo para la Ley 797 de 2003, esa adición busca trasladar a cotizantes (que estén a 10 años de la edad de jubilación), al régimen público.