Por presuntas irregularidades en contratación, ayer un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa.

Según el ente acusador, los delitos habrían sido cometidos cuando fue mandatario del departamento en el periodo 2004-2007. Esta decisión fue comunicada al presidente Iván Duque para que de inmediato se proceda con la “suspensión del cargo” que ostenta actualmente.

¿Qué sigue una vez sea suspendido?

Cabe anotar que la suspensión provisional en el desempeño de funciones dentro de un proceso penal es considerada como una falta temporal, según el literal E del artículo 99 de la Ley 136 de 1994.

Y es causal de suspensión (numeral 2 del artículo 105 de la misma ley) el haberse dictado medida de aseguramiento, con privación efectiva de la libertad, siempre que esté debidamente ejecutoriada.

En ese caso, el presidente de la República designará un gobernador del mismo movimiento y filiación política del titular, de terna que para el efecto presente el movimiento al cual pertenezca en el momento de la elección.

Cabe apuntar que Gaviria Correa ganó las elecciones de 2019 con la coalición “Es el momento de Antioquia” con el 36,09% de los votos (831.646). Esta coalición está compuesta por el partido Liberal, el partido de la U, la Alianza Verde y Cambio Radical.

El gobernador encargado deberá adelantar su gestión de acuerdo con el programa del mandatario elegido por voto popular y quedará sujeto a la ley estatutaria del voto programático.

Por su parte, el artículo 303 de la Constitución Política anota que siempre que se presente falta absoluta a más de 18 meses de la terminación del período, se elegirá gobernador para el tiempo que reste.

La investigación

El fiscal del caso encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25%, que luego se amplió al 29%.

Según la Fiscalía, eso “significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia”.

Además, de acuerdo con la entidad, el anticipo fue pagado sin que se hubiera aprobado una garantía contractual para asegurar la destinación correcta de los dineros, lo que habría obligado al contratista a invertir más de 10 mil millones de pesos en maquinaria y equipos.

Dato

La investigación contra Gaviria se debe a que, como representante legal del departamento y ordenador del gasto, debió ejercer vigilancia sobre la contratación aunque hubiera delegado esa función.