El proyecto fue presentado de manera conjunta por los ministerios de Minas y Energía, Justicia, Defensa y Ambiente.

“La minería ‘con todas las de la ley’ cumple con altos estándares técnicos, sociales y ambientales, y genera recursos que se traducen en obras y beneficios para el país y las regiones. Por el contrario, la explotación ilícita de minerales atenta contra el medio ambiente, se apropia de recursos de todos los colombianos y es una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado. El país cuenta con pocas herramientas para combatirlo y por eso este proyecto de ley busca poner mano dura contra este delito”, señaló el Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.

Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, señaló que el propósito fundamental de la iniciativa es establecer medidas severas en materia penal y sancionatoria contra quienes sean hallados culpables en la cadena de explotación, producción, beneficio y comercialización de minerales.

"El narcotráfico y la explotación ilícita de minerales se han convertido en los principales destructores de nuestros recursos naturales, pues están entre las principales fuentes de financiación de los Grupos Armados Organizados. A los criminales que se valen de estas actividades ilegales no les importa usar sustancias tan tóxicas como el mercurio y el cianuro, que causan daños irreversibles a nuestros ecosistemas, a nuestra fauna y a nuestra flora”, señaló.

Según un informe del IDEAM, la explotación ilícita de minerales es la cuarta causa de deforestación.

Este flagelo afecta a los departamentos de Antioquia, Nariño, Cauca, sur de Bolívar y Chocó, y se reporta en tres Parques Nacionales Naturales: Puinawai, ubicado en territorios de los departamentos de Guainía, Vichada, Vaupés, Guaviare y Caquetá; Paramillo, ubicado en Antioquia y Córdoba; y Farallones, en el Valle del Cauca.