Los firmantes del informe son Juanita Goebertus, Angélica Lozano y Wilmer Leal de la Alianza Verde; Iván Cepeda, del Polo Democrático; Roy Barreras, John Jairo Cárdenas y John Jairo Hoyos, del Partido de La U; Temístocles Ortega y José Daniel López, de Cambio Radical; Carlos Ardila, Guillermo García Realpe y Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal; y Ángela María Robledo, de la Colombia Humana.

Los congresistas sostienen que en materia de violencia hubo un aumento en el asesinato de líderes sociales, de confinamientos y desplazamientos forzados; “frente a la reparación de víctimas y dotación de tierras, se encontró que nos tomaría 43 años indemnizar a todas las víctimas y que solo se está cumpliendo con un 0,08% de lo que se debería estar haciendo al año para cumplir con la meta de 3 millones de hectáreas entregadas en 12 años a campesinos”.

Respecto a la estabilización de los territorios, sólo se está ejecutando al año el 1.52% del presupuesto en los municipios Pdet; en reincorporación, el 71,3% de los excombatientes no se encontraban vinculados a un proyecto productivo desembolsado por el Gobierno Nacional; y en materia de sustitución de cultivos ilícitos, tomará 139 años para que el total de las familias que optaron por la sustitución concertada cuenten con un proyecto productivo.

Explican además que de las 107 leyes que se necesitan para la implementación, solo 66 han sido expedidas, de las cuales solo 4 han sido en el Gobierno de Iván Duque. El punto del Acuerdo más rezagado es el de la Reforma Rural Integral, con solo 15 de las 36 leyes que se identificaron como necesarias.

Apoyo a familias de Samaniego

Tras conocer lo ocurrido en Nariño, en donde fueron asesinados nueve jóvenes entre los 17 y 25 años, en la vereda Santa Catalina del municipio de Samaniego, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, rechazó estos hechos y expresó sus condolencias a las familias de los universitarios.

Ramón Rodríguez les hizo un llamado a los familiares de las víctimas a que rindan la declaración de lo ocurrido ante el Ministerio Público, “para que la entidad inicie la ruta atención, asistencia y reparación”.

DATO:

Según Indepaz, 16.190 personas han sido desplazadas a lo largo de este año.