La Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas advirtieron que la política de víctimas se encuentra en un escenario de incertidumbre sobre su financiación, nuevas metas, y la atención a esta población, cuyas vulnerabilidades han aumentado durante la emergencia por la Covid-19.

El Ministerio Público aseguró que, las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 y a los Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011 advirtieron que por la crisis derivada de la pandemia puede que un porcentaje significativo del 1’813.644 de víctimas que habían mejorado sus condiciones en 2019, vea deteriorada su situación socioeconómica, volviendo a vivir en condiciones de pobreza.

Por ello, a juicio de la Procuraduría, se requiere una política de generación de ingresos para esta población, con oferta de proyectos integrales a mediano plazo y articulada entre las entidades.

“La pandemia en los territorios y comunidades étnicas podría generar un etnocidio, como consecuencia del estado de crisis humanitaria agravando los procesos de desaparición física y cultural que el conflicto armado y sus factores subyacentes han generado”, dice el documento.

El escrito de la Procuraduría expone que para las comisiones, es fundamental que el Gobierno nacional ante la contingencia generada por el coronavirus adopte urgentemente correctivos y medidas especiales, que mitiguen el impacto de la pandemia en las víctimas y los previsibles retrocesos en su estabilización socioeconómica.

“A pesar de las estrategias implementadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), no se ha logrado atender de manera oportuna y eficiente la alta demanda de solicitudes de las víctimas en materia de ayuda humanitaria e indemnización, durante la emergencia”, argumentaron.

La Procuraduría tiene claro que entre 2019 y junio de 2020 la reconfiguración de los escenarios de violencia, motivada por la disputa territorial tras la firma del Acuerdo Final de Paz y la emergencia causada por la Covid-19, generaron un crecimiento en el número de desplazamientos masivos y confinamientos, principalmente de pueblos étnicos que no han recibido la atención y la reparación integral requerida.

DATO

Se requieren más de $357,4 billones para ejecutar 14 medidas dirigidas a garantizar derechos a la indemnización individual y colectiva.