El expresidente habría suscrito el 20 de noviembre de 2017 el contrato de compraventa de la cartera hipotecaria judicializada con la Sociedad Diseños y Proyectos del Futuro (Disproyectos Ltda), sin que al parecer contara con la aprobación de la junta directiva de la entidad, con lo que habría desconocido el manual de contratación.

Al entonces presidente se le reprochó que presuntamente hubiera utilizado la versión del manual SARC (Sistema de Administración del Riesgo Crediticio), diferente al que estaba vigente para la época de los hechos.

Según la entidad, Barros Peña habría celebrado el negocio jurídico desconociendo los principios de transparencia, legalidad, imparcialidad y economía, y el de selección objetiva del contratista, pues habría eludido adelantar el proceso de selección a través de la modalidad que correspondía, es decir, convocatoria pública.

Adicionalmente, se le reprochó la presunta vulneración del principio de moralidad teniendo en cuenta que, con su proceder presuntamente irregular, quebrantó el deber funcional contenido en los estatutos internos de la entidad referente a celebrar contratos siguiendo los reglamentos internos.

La Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta como grave a título de culpa gravísima por desatención elemental de deberes.  La diligencia se llevará a cabo el miércoles 23 de septiembre a partir de las 9:00 de la mañana de forma virtual.