La decisión se originó como resultado de la denuncia de un ciudadano que le comunicó al Banco Popular que no autorizaba el uso de sus datos personales para el envío de información comercial, por lo cual solicitó a la entidad remover su información de las “listas y/o bases de datos de sus campañas comerciales”.

La petición del ciudadano habría sido ignorada por el banco, que siguió enviando mensajes de texto con información publicitaria a esa persona.

"Durante la investigación se comprobó que el Banco, de una parte, vulneró el derecho que tienen las personas de revocar su autorización y suprimir sus datos en los casos permitidos por la ley. De otra parte, dicha entidad tampoco tramitó debidamente el reclamo presentado por el ciudadano, los cuales deben responderse dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo", señala la SuperIndustria.