Hay políticas fallidas que ponen en riesgo a defensores

Crédito: Archivo  / EL NUEVO DÍAAunque Colombia cuente en teoría con uno de los sistemas de protección más completos de la región, no son efectivos porque las autoridades se rehúsan a actuar de manera preventiva”, dijo Guevara.
De acuerdo con Amnistía Internacional, “durante la pandemia las autoridades han reducido los esquemas de protección de algunas personas defensoras y han autorizado actividades que incrementan el riesgo de las comunidades”.
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Amnistía Internacional, AI, alertó ayer que las “políticas fallidas” del Gobierno de Colombia ponen en riesgo a defensores de derechos humanos, por lo que hizo un llamado al Ejecutivo a tomar medidas para afrontar de manera efectiva “problemas estructurales” como la desigualdad.

En el informe “¿Por qué nos quieren matar? La falta de un espacio seguro para defender derechos humanos en Colombia”, el organismo señaló que los ataques contra líderes sociales y ambientales ponen en evidencia la “falta de efectividad” del Gobierno para atender las dificultades que viven los defensores de derechos para realizar su trabajo en el país.

“Desde hace años, Colombia es uno de los países más peligrosos para las personas que defienden los derechos humanos, los territorios y recursos naturales en todo el mundo”, dijo la directora para las Américas de AI, Érika Guevara, citada en un comunicado.

“Las personas defensoras seguirán muriendo hasta que el Gobierno aborde de manera efectiva cuestiones estructurales, como la profunda desigualdad y la marginalización en la que viven las comunidades, la tenencia y control de la tierra, la sustitución de cultivos ilícitos y la justicia”, aseveró Guevara.

Según el último informe del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ante el Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, 48 líderes sociales han sido asesinados este año en el país, crímenes que son cometidos “principalmente en zonas con escasa presencia estatal, altos niveles de pobreza, economías ilícitas y disputas entre grupos armados ilegales y organizaciones criminales”.

 

Casos de cuatro comunidades

El informe de AI examina las razones de la violencia contra los líderes que viven en regiones ubicadas en “zonas geográficamente estratégicas y con riqueza en recursos naturales”, así como la poca efectividad de las medidas de protección del Gobierno desde que se firmó el acuerdo de paz. En ese sentido, recoge los casos del Proceso de Comunidades Negras (PCN) en Buenaventura.

 

Problemas para la protección

Las autoridades, según Amnistía, han establecido medidas para proteger, “al menos en el papel”, a los defensores, pero “las instituciones y sus programas están plagadas de problemas que las tornan poco efectivas”.

Por ello señala que las medidas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) tienen un enfoque “altamente individual y urbano” porque otorgan “escoltas, teléfonos celulares y carros blindados” a los beneficiarios, cuando considera que deben ser medidas colectivas.

 

 

EL NUEVO DÍA

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