Derogar la JEP: ¿inicio de campaña electoral?

Crédito: VANGUARDIA - EL NUEVO DÍAPor considerar que ha incumplido, el uribismo propone derogar la JEP.
La JEP, que se creó como parte del acuerdo de paz firmado en 2016 por el Gobierno y las Farc, es la encargada de juzgar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado.
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Después del planteamiento realizado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, llega una nueva propuesta en el mismo sentido.

Ahora, el uribismo insiste en la derogatoria de la JEP y en la reforma de los acuerdos de La Habana, salvando el respeto y apoyo a los reinsertados de buena fe.

La propuesta fue radicada en el Congreso de la República por la senadora Milla Romero, del Centro Democrático, quien ocupó en agosto pasado el escaño en el Senado que dejó el expresidente Álvaro Uribe cuando renunció a su curul.

Ante los planteamientos expertos consideran que las posibilidades políticas para las reformas constitucionales tienen pocas posibilidades.

Hugo Fernando Guerrero, docente de la Universidad de La Salle, explica que la JEP surge de los acuerdos del gobierno con las extintas Farc, que de una u otra manera tienen rango constitucional, pero la Constitución de Colombia es flexible y podría ser derogada, es una posibilidad.

Sin embargo, se pregunta Guerrero ¿existen los mecanismos políticos para darle tránsito en el Congreso? Y, en este sentido, hay que mirar que el uribismo tenga la fuerza necesaria para sacar adelante una propuesta de estas características, pero en mi opinión no lo veo viable, no tanto porque esté previsto constitucionalmente, sino porque es inviable políticamente.

Vale la pena recordar que, las reformas constitucionales deben superar ocho debates en el Congreso, cuatro en cada periodo legislativo. Es decir, esta iniciativa, para continuar con vida, debe superar sus primeros cuatro debates antes del próximo 16 de diciembre, cuando termina este periodo de sesiones.

De igual manera, el constitucionalista Juan Manuel Charria manifiesta que no es la primera vez que se hacen estos intentos, aunque hasta el momento la JEP no ha dado los resultados esperados en temas de la verdad, la justicia, reparación a la víctimas de las Farc, pero creo que políticamente no va a tener ningún éxito, entre otras, cosas hay que recordar que el año pasado el presidente Duque presentó unas objeciones a la Ley Estatutaria y el Congreso no las aceptó, entonces con ese antecedente no veo posibilidades.

Ahora, explica Charria, jurídicamente se puede presentar el proyecto, pero no le veo futuro.

En ese mismo sentido, Gerardo Martínez, abogado y analista político, opina que esta propuesta es “un despropósito que lleva a la desinstitucionalización porque el Estado debe responder por sus compromisos independientemente del Gobierno que los haya suscrito”.

Explica Martínez que los Acuerdos de La Habana y la JEP tienen protección constitucional y no es viable, así jurídicamente sea posible, que el Gobierno intente acudiendo al constituyente primario haciendo una derogatoria de esas normas constitucionales.

Además, hay que tener presente que la comunidad internacional avaló unos acuerdos y es una instancia superior y se tiene que honrar su palabra porque han aceptado vía convenios internacionales que así se hará.

 

Empezando campañas

Hugo Fernando Guerrero, docente de la Universidad de La Salle, considera que este tipo de propuestas es más un llamado para empezar las campañas de cara a las presidenciales de 2022, al igual que lo que acaba de hacer el senador Roy Barreras, con proponer la posible revocatoria del mandato del presidente Iván Duque, que así como la propone no está previsto en el marco de la Constitución.

Asimismo, Gerardo Martínez, analista político considera que esta puede ser una estrategia electoral con miras al 2022 y la campaña estará impregnada de todo el debate por los referendos y le puede dar réditos para tener un motivo más para polarizar.

 

Los Acuerdos de La Habana fueron el medio a partir del cual se quiso zanjar 50 años de violencia.

Gerardo Martínez, analista Político.

Credito
NELLY VECINO PICO

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