La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expresó su preocupación por la no aprobación en el presupuesto de 2021, de una partida adicional que había solicitado al Gobierno y que, de acuerdo con la entidad, es "fundamental para la debida atención y protección a las víctimas, testigos e intervinientes, y para su debida operación".
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La JEP informó que estos recursos adicionales ascienden a la suma de 30.014 millones de pesos, que eran indispensables para cumplir sus obligaciones constitucionales y legales.
Estaban destinados de la siguiente manera:
- $19.613 millones para el programa de protección a víctimas, testigos e intervinientes en la JEP, a cargo de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).
- $4.100 millones para la representación y atención a víctimas en los procesos judiciales y en el de acreditación, teniendo en cuenta que se amplió el plazo para la presentación de informes a la JEP.
- $6.300 millones para tecnologías de la información, que le permiten a la JEP tener una justicia más digital, transparente y ágil.
Los recursos fueron solicitados por la JEP desde el 13 de julio pasado y después se reiteró la solicitud en varias ocasiones.
Aunque le fueron asignados $88.000 millones menos de lo solicitado, la JEP ajustó sus necesidades y limitó la solicitud de adición a $30.014 millones, pero no obtuvo el aval del Gobierno Nacional, que es indispensable para la aprobación en el Congreso.
Credito
Colprensa
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