Un total de 12.617 personas, entre ellas exguerrilleros de las Farc, miembros de la fuerza pública y terceros se han sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, cuyo balance de tres años de gestión fue presentado ayer a la Procuraduría.

En ese periodo, la JEP ha tomado más de 33.400 decisiones judiciales y acreditado a 308.000 víctimas del conflicto armado, señaló en su balance la magistrada Patricia Linares, hasta ayer presidenta de la JEP, cargo en el que la reemplazará Eduardo Cifuentes.

Linares entregó a la Procuraduría un documento con los avances que pese a las “dificultades” y “campañas de desprestigio” ha logrado el tribunal, creado por el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las Farc.

“Nuestra tarea ha sido materializar y darle vía a una forma de justicia inédita en el mundo, tan esperanzadora como difícil y compleja”, dijo Linares sobre la JEP que desde 2018 ha abierto siete macrocasos sobre graves violaciones a los derechos humanos durante más de 50 años de conflicto armado.

La saliente presidenta de la JEP añadió que el trabajo de la jurisdicción exige un trabajo sostenido y riguroso, ajeno a las presiones que se ejercen aplicando, “desafortunadamente, las lógicas propias de la guerra”.

Críticas a intentos por derogar la JEP

El procurador general, Fernando Carrillo, destacó al recibir el informe que sin la JEP la paz “estaría coja” y criticó a quienes “quieren destruirla, arrasando de paso con otro par de cortes. Gran paradoja, cuando en este momento lo que Colombia necesita es más justicia”.

Carrillo se refirió indirectamente a la propuesta del expresidente Álvaro Uribe, crítico acérrimo del acuerdo de paz, quien recientemente insistió en su propuesta de derogar o reformar a fondo la JEP.

Pese a reconocer las diferencias que en varios casos tuvo la Procuraduría con las decisiones de la JEP, Carrillo cuestionó a “los contradictores” del tribunal y pidió no acudir a lenguajes y dinámicas “bélicas, prosaicas del debate político” que buscan lesionar “la integridad de la jurisdicción”.

Búsqueda de la verdad

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, además ha recibido las versiones de 736 comparecientes, de quienes Linares aseguró que se espera “una verdad plena que deberá ser detallada, exhaustiva, minuciosa, pródiga en detalles que alivie el dolor de las víctimas y dé vía a las certezas de una sociedad que ha vivido en las penumbras de la impunidad”.

Además de las 308.000 víctimas que se han acreditado de manera individual y colectiva en los siete macrocasos, la JEP ha recibido 463 informes sobre violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

“Durante 34 meses hemos cumplido con responsabilidad y dedicación nuestra tarea inicial: llenar de contenido y hacer realidad esa noción de justicia restaurativa”, subrayó la magistrada Patricia Linares.