Según el experto en paz Jaime Zuluaga, puede que ni siquiera este tiempo sea suficiente para poder reparar a las víctimas, debido al contexto polarizado en el que está sumido el país alrededor de la paz. Dice que hay demasiadas presiones políticas y económicas que impiden lograr el objetivo que se trazó.

Para el senador Roy Barreras, ponente de la ley, esta extensión es un claro reconocimiento con las 9.041.303 millones de víctimas de las guerrillas, de los paramilitares, de los agentes del Estado y a los familiares de cerca de 200.000 desaparecidos que hay en Colombia y, por supuesto, a quienes aún no han sido reparados.

Sin embargo, Barreras coincide con Zuluaga en que al ritmo en el que se viene implementando esta ley, se necesitarían muchos años más para poder reparar a todas las víctimas del conflicto armado interno.

“Al ritmo en que vamos, se necesitarían 47 años para que las víctimas sean reparadas, independientemente de su victimario. La corte en su exhorto no limita el número de víctimas, no excluye a ninguna víctima y reitera el criterio de no regresividad. Sin importar su victimario, víctima, es víctima”, indicó el senador.

Zuluaga agrega que esta ley es de vital importancia para el país, no solo porque fue uno de los elementos que abrió camino al acuerdo de paz de La Habana, sino porque hace parte de esa deuda que tiene el país con millones de campesinos y comunidades vulnerables víctimas.

El director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, aseguró que esta aprobación les da tranquilidad a esos nueve millones de víctimas del conflicto, porque lo que se busca es avanzar en la reparación integral de estos colombianos que hoy están en el Registro Único de Víctimas.

La Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Fernando Carrillo, había pedido que la prórroga de la Ley de víctimas fuese de 15 años y no de 10, como finalmente se hizo, argumentando que se necesita más tiempo para materializar la implementación de las distintas acciones a favor de las víctimas, como la reforma rural.

Según la Procuraduría, hasta el momento solo han sido indemnizadas 879.821 víctimas, lo que corresponde al 12 % de las nueve millones que hacen parte del registro nacional de víctimas, lo que significa que se necesitarían alrededor de 50 años para culminar el proceso de reparación.