La Contraloría General les imputó responsabilidad fiscal por la suma de $4,1 billones de pesos a 28 funcionarios y contratistas que participaron del Proyecto Hidroituango, en Antioquia, como consecuencia de una larga cadena de errores que se dieron desde su planeación y diseño, hasta su ejecución y control.

Los exgobernadores de Antioquia Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos y los exalcaldes de Medellín Alonso Salazar y Aníbal Gaviria hacen parte de los imputados por el ente de control fiscal por las irregularidades contractuales en el megaproyecto de Hidroituango.

Además de los exgobernadores Fajardo y Ramos y los exalcaldes Gaviria y Salazar, entre los 28 imputados figuran 10 miembros de la junta directiva de Hidroituango, dos gerentes de EPM, dos gerentes de Hidroituango y un gerente de la filial EPM Ituango. Los demás son contratistas.

Consecuencias fiscales

La investigación del ente de control determinó que lo ocurrido en Hidroituango fue “consecuencia de una larga cadena de errores que se dio desde su planeación y diseño, hasta su ejecución y control”, que terminaron en millonarios daños fiscales, comenzando por el incumplimiento de la producción de energía proyectada y pagada anticipadamente.

“Se incumplió el objetivo principal del proyecto, que era generar energía ya contratada y acordada para el año 2018, lo que produjo el lucro cesante señalado ($1,1 billones)”, indicó la Contraloría.

Además, el ente de control advirtió que la falta de planeación y las irregularidades en la ejecución de la obra impactaron con millonarios sobrecostos del megaproyecto energético.

“Se produjo un desmesurado aumento de los costos de Hidroituango. Inicialmente estaba pactado en $6 billones y, por las fallas e improvisaciones, terminó costando cerca de $13 billones, por la destrucción del valor del proyecto a junio de 2019”, agregó el ente de control.

Finalmente, la investigación de la Contraloría concluyó que la grave contingencia que se registró en la infraestructura de Hidroituango en abril de 2018 amenazó con causar una calamidad pública en el área de influencia del proyecto y por la que se tuvieron que invertir recursos en más obras.

“La Contraloría General de la República calcula técnicamente un lucro cesante por $1,1 billones y un detrimento al patrimonio público por valor de 2,9 billones. En total el daño es de $4,1 billones”, concluye el ente de control fiscal.

¿Qué significa la imputación?

Vale la pena anotar que la imputación no equivale a decir que los presuntos responsables ya fueron condenados. La responsabilidad fiscal está integrada por una conducta a título de dolo o culpa (grave) del gestor fiscal, un daño patrimonial al Estado y un nexo causal. En esta etapa del proceso deberán probarse los tres elementos, luego de lo cual la entidad procederá a expedir un fallo condenatorio o absolutorio.

“Estas personas entran a una etapa más robusta de investigación, probatoria, que permite seguir investigando más a fondo, pero en garantía del debido proceso de los imputados, hasta determinar las responsabilidades a que haya lugar”, explicó Hembert Suárez Lozano, abogado de energía y gas de OGE Legal Services.