Masacre de indígenas expone el riesgo de defensores

Crédito: Archivo/ EL NUEVO DÍALas amenazas, homicidios y atentados contra la población civil demuestran la intención de acallar y desarticular las exigencias colectivas de líderes y reclamantes de tierras, advierten los representantes de esas comunidades.
Desde 2019 la Defensoría del Pueblo ha advertido que en Santander de Quilichao se encuentran expuestas a graves violaciones de derechos humanos las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.
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Los indígenas pusieron otras cuatro víctimas en la disputa territorial en el Cauca, donde disidentes de la antigua guerrilla de las Farc acusan a líderes de esas comunidades de ser “cómplices de la política de Estado” contra los cultivos ilícitos.

La masacre fue perpetrada la noche del sábado en Gualanday, un caserío de Santander de Quilichao, Cauca, región en la que disidencias, frentes del Ejército de Liberación Nacional, Eln, y bandas criminales vinculadas al narcotráfico libran una sangrienta disputa.

“Hay una clara afrenta al ejercicio de control territorial de las autoridades indígenas en el Cauca, donde existe una promoción de la identidad, del gobierno propio y del rescate de jóvenes que resulta contraproducente para todos estos grupos armados y sus economías ilegales”, dijo el coordinador del área de Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acin, Mauricio Capaz.

Según la Defensoría del Pueblo, una de las víctimas de la masacre, en la que además resultó herida una mujer, era un reincorporado de las Farc, razón por la que organizaciones civiles del Cauca no descartan que el ataque haya sido en su contra, ya que más de 240 exguerrilleros han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz con el Gobierno en noviembre de 2016.

“Hay una situación particular y es que los últimos asesinatos en la zona ni siquiera están siendo dirigidos contra las personas que ejercen los liderazgos sino contra sus familias y eso es una nueva metodología que hemos estado rastreando este año. Eso incluye a excombatientes y a defensores de derechos humanos”, explicó Capaz.

Entre las personas que perdieron la vida en esta nueva incursión armada está el coordinador del grupo juventudes de esta comunidad aborigen, Carlos Alfredo Escué. Además era promotor del control territorial, guardia, en los sectores de Quitaperaza y La Esperanza y vocalista del grupo musical ‘Intentos de Amor’.

La situación de riesgo para las poblaciones del norte del Cauca viene creciendo desde finales de 2018 y se agudizó durante 2019 cuando precisamente las disidencias de las Farc declararon que retomarían el control de la región.

 

Líderes: objetivo militar

Además de la matanza, cuya autoría se desconoce, disidencias de las Farc amenazaron el pasado sábado y declararon “objetivo militar” al senador indígena Feliciano Valencia, que en octubre pasado sufrió un atentado cuando viajaba por una carretera del Cauca, así como a otras autoridades indígenas de la zona.

Valencia, congresista por el Movimiento Alternativo Indígena y Social, Mais, publicó ayer el panfleto en el que disidentes amenazan con tomar represalias contra la Acin por su ejercicio de control territorial en el Cauca.

“A partir de la fecha nuestras unidades y la columna Dagoberto Ramos declaramos objetivo militar a las autoridades tradicionales, exgobernadores, gobernadores de los municipios (de Santander de Quilichao, Suárez, Miranda, Corinto, Caloto, Jambaló), a la ACIN en cabeza de Feliciano Valencia”, se lee en la amenaza.

 

DATO

Según la fuerza pública, este grupo al margen de la ley mantiene el control de las economías ilegales derivadas del narcotráfico.

EFE, BOGOTÁ

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