Los acusados son José Miguel Linares, actual presidente, y Agusto Jiménez, expresidente de la multinacional carbonífera, quienes, según la Fiscalía, habrían contribuido a la financiación de las Autodefensas Unidas de Colombia entre 1996 y 2001.

Por estos hechos, el pasado 27 de octubre fueron escuchados en indagatoria por la Fiscalía, y están en espera de inicio de juicio.

En un comunicado de siete puntos, la multinacional dijo que tanto la empresa como sus ejecutivos “no tienen ni han tenido vínculo alguno con organizaciones al margen de la ley independientemente de su origen”.

También señaló que ha "ganado cada uno de los casos presentados en su contra" y que se ha probado que varios testigos que declararon en su contra recibieron compensaciones económicas por su testimonio.

“Esto llevó a un Juez federal en Estados Unidos a encontrar una causa probable de que Terry Collingsworth, el abogado que presentó las demandas contra Drummond, participó en el soborno y perjurio de los testigos”, afirmó la compañía.

Por lo tanto, estas pruebas, según la empresa, demuestran la inexistencia de responsabilidad en estos actos y finalizan diciendo que tanto la empresa como sus directivos seguirán cooperando con las autoridades como lo han hecho siempre.