Estas recomendaciones están dirigidas a la Policía Nacional, la Fiscalía, la Procuraduría, el Ministerio de Educación, el Gobierno Nacional y la propia Defensoría del Pueblo.

Entre estas se encuentran, la implementación de herramientas tecnológicas como mecanismo de vigilancia y grabación dentro de las patrullas y medios de transporte. También cámaras de grabación en los cascos del ESMAD, con el fin de revisar la actuación policial antes y durante la protesta.

También se incluyeron, la institucionalización del uso de drones para que registren los hechos durante las intervenciones y la investigación y sanción a aquellos policías que violen el derecho de los ciudadanos a grabar con sus celulares los incidentes.

Por otra parte, les recuerdan a la Procuraduría, Fiscalía y a la Inspección General de la Policía Nacional, que la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, están prohibidos sin excepciones, por lo que también se pide celeridad a las investigaciones sobre los actos de violencia denunciados, exigiendo sanciones ejemplares para los motivadores.

Al mismo tiempo la Defensoría recomienda mayor vigilancia y acompañamiento por parte del Ministerio Público en la revisión de los CAI y las Estaciones de Policía para verificar la legalidad de los procedimientos, el uso adecuado de los elementos del servicio y el respeto de los DD. HH. por parte de los integrantes de la Policía.

Otro tema de las recomendaciones dirigidas a la Policía, es la revisión del currículo académico de la Escuela de Formación en lo referente al derecho a las marchas y la capacitación a todo el personal en protocolos de actuación en manifestaciones públicas.

También se informó sobre más presencia de la Defensoría, en las manifestaciones y la creación de canales de comunicación con las plataformas de derechos humanos.

En especial, la Defensoría encontró que se hace necesario generar espacios de diálogo para fortalecer la confianza entre la ciudadanía y la institucionalidad y para ello trabajará a nivel nacional y regional con socios estratégicos para tal fin.

Estas recomendaciones son el resultado de 26 mesas de trabajo convocadas por el Defensor del Pueblo,, en cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia STC7641-2020, que ordena adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva.

En dichas mesas participaron representantes de la sociedad civil como accionantes de la tutela, plataformas de Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales, academia, expertos constitucionalistas, entidades públicas y fuerza pública, entre otros.