El ente de control demostró que el exfuncionario, el 20 de noviembre de 2017, firmó un contrato de compraventa con la Sociedad Diseños y Proyectos del Futuro, Disproyectos Ltda., sin contar con la aprobación de la junta directiva, en contravía del reglamento interno de la entidad.

A juicio del Ministerio Público, con esta conducta Barros Peña desconoció el principio de moralidad, al incumplir y afectar el deber contenido en los estatutos internos del Fondo Nacional del Ahorro.

Bajo ese entendido, en este caso, el Ministerio Público calificó la falta del disciplinado como grave a título de culpa grave. Contra la decisión de primera instancia la defensa de Barros Peña presentó recurso de apelación.