La solicitud la hizo el vicedefensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo, quien no descartó la presencia de miembros del 'Clan del Golfo' en la zona, por lo que autoridades locales y nacionales adelantaron un consejo de seguridad. Al término de la reunión, el funcionario resaltó que también es necesario programas de apoyo psicosocial para la población.

El Salado ha sido uno de los corregimientos del país más golpeados por la violencia, especialmente, por los grupos paramilitares en cabeza de Rodrigo Tovar Pupo 'Jorge 40', el exjefe de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que el año pasado tras su cumplir una pena en una prisión de Estados Unidos.

El corregimiento fue el escenario de una de las masacres más devastadoras en la historia colombiana por cuenta de las facciones paramilitares: hace 21 años, 33 personas fueron asesinadas en el corregimiento. Por ello, la aparición de los nuevos panfletos ha despertado una nueva zozobra entre los pobladores por la presencia de las disidencias paramilitares en la región.

Lo que llama la atención es que la incertidumbre en materia de seguridad no se desvanece a la par que las víctimas de la masacre de ese entonces también son olvidadas para su reparación, al menos así lo expuso el senador del Polo Democrático Iván Cepeda a través de su cuenta de Twitter.

“La comunidad de El Salado, en Montes de María, sufrió una de las más cruentas masacres paramilitares. No ha sido aún reparada en forma satisfactoria y ahora viene siendo amenazada por ‘Águilas negras’. Lo mínimo que debe garantizar el gobierno es su protección.”, dijo el senador.

LAS SENTENCIAS

La reparación, como lo expresó el congresista, ha sido una de las premisas en las sentencias judiciales emitidas sobre dicha masacre. Por ejemplo, la más reciente fue la de mayo de 2019, del Tribunal Administrativo de San Andrés que ordenó indemnizar a los familiares de las víctimas por más de 22.000 millones de pesos.

En la providencia judicial se halló responsable al Ministerio de Defensa, la Armada y Policía por dejar en estado de indefensión a los pobladores de la región.

Una de las directrices dadas en tal providencia es que el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) debía realizar un documental en el que difundía la realidad de lo ocurrido en la masacre. A su vez, el Estado tenía que instalar una placa conmemorativa y una obra artística, cuyos diseños estarían a cargo de las comunidades que sobrevivieron.

En cuanto a las responsabilidades del Estado, las instituciones demandadas debían publicar la sentencia en sus páginas web, sin contar que debían asumir las reparaciones de las víctimas.

Cabe mencionar que, en sentencia proferida en diciembre de 2017, la Corte Constitucional amparó el derecho a la reparación colectiva de las víctimas por lo que le ordenó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV) que diseñara un plan y un cronograma para la identificación de las víctimas, daños y medidas de reparación colectiva.

Dicho plan debía proteger la confidencialidad y seguridad de las víctimas con el fin de que las mismas participaran en un entorno seguro, confidencial y se evitara su revictimización.

Igualmente, el alto tribunal le ordenó a la Procuraduría General y a la Defensoría del Pueblo hacer seguimiento al cumplimiento de las órdenes anteriores.

En 2018, la Corte Suprema de Justicia, por su parte, dejó en firme la condena de 13 años de prisión en contra del capitán de la Armada, Héctor Martín Pita Vásquez, quien en su momento no habría desplegado las acciones operacionales para detener a los paramilitares que ejecutaron el ataque.