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El proceso en contra de Lobo inició en septiembre de 2018 cuando la Procuraduría le formuló pliego de cargos por los sobrecostos de contratación de los paquetes nutricionales por valor de $15.295 millones. El sobrecosto fue, según la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales del Ministerio Público, de más de $3.900 millones.
De acuerdo con lo dicho con la Procuraduría en esa ocasión, Lobo “habría permitido un detrimento al patrimonio público y una eventual violación de los principios de economía y de responsabilidad, toda vez que el presupuesto oficial destinado para la adquisición de los complementos nutricionales habría superado el costo de los bienes entregados”.
Por este caso, Lobo fue sancionado en marzo de 2020 con una suspensión de seis meses para ejercer cargos públicos, con el argumento de que el senador de Cambio Radical “no actuó con diligencia y vulneró los principios que rigen la contratación estatal”.
DATO
10 años de inhabilidad le dio la Procuraduría para ejercer cargos públicos a Cenith Echávez, la entonces secretaria de Salud de la Jagua.
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