Los imputados fueron Rodrigo Londoño, el último máximo comandante que tuvieron las FARC, los miembros del Secretariado Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo, que actualmente son senadores, y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda Escobar.

La responsabilidad de cada uno de ellos en este proceso varia de acuerdo a los cargos de mando asumidos durante el conflicto armado.

Pero, en general, se refiere a la intervención que como comandantes de la organización tuvieron para “privar a las personas de su libertad y condicionar su liberación así como su bienestar, su integridad y su vida”.

La JEP consideró que se trata de un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad porque “tuvieron la intención y la implementaron, de atacar de manera sistemática y generalizada a la población civil en los lugares donde esa guerrilla hacía presencia”.

Esta práctica criminal no se limitó además a arrebatarle la libertad a las víctimas sino que estuvo acompañada de otros delitos como homicidios, torturas, desapariciones forzadas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamientos forzados.

Los secuestros afectaron de manera generalizada a personas de todos los estratos sociales, no distinguieron territorios, condiciones de género, edad o vulnerabilidad especial, justificados indebidamente con motivos relacionados con la financiación de la organización armada, forzar el intercambio por guerrilleros presos y controlar a la población de los territorios imponiéndoles su poder.