Cerca de cinco años después de su fundación, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, tomó la decisión más importante desde su creación, al imputar a ocho miembros del Secretariado de las Farc en el denominado caso 01, que se refiere a los secuestros cometidos por esa organización ilegal.

El magistrado Eduardo Cifuentes explicó que este proceso se trata de una búsqueda constante de la verdad de las víctimas sobre lo que pasó y en este caso se logró determinar que estas no son conductas “que manifiestan no errores en la guerra o necesidades en la guerra, sino crímenes de lesa humanidad”.

Los imputados fueron Rodrigo Londoño, último máximo comandante que tuvieron las Farc, los miembros del Secretariado Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo, que actualmente son senadores, y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda Escobar.

La responsabilidad de cada uno de ellos en este proceso varía de acuerdo a los cargos de mando asumidos durante el conflicto armado, pero, en general, se refiere a la intervención que como comandantes de la organización tuvieron para “privar a las personas de su libertad y condicionar su liberación así como su bienestar, su integridad y su vida”.

En cuanto a los delitos, la JEP consideró que se trata de crímenes de guerra y de lesa humanidad porque “tuvieron la intención y la implementaron, de atacar de manera sistemática y generalizada a la población civil en los lugares donde esa guerrilla hacía presencia”.

Esta práctica criminal no se limitó además a arrebatarle la libertad a las víctimas sino que estuvo acompañada de otros delitos como homicidios, torturas, desapariciones forzadas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamientos forzados.

Testimonio de víctimas

Según la JEP, se tuvo en cuenta los testimonios de víctimas y las investigaciones que diferentes autoridades han realizado sobre el tema, los secuestrados, en muchos casos, tuvieron que soportar también “torturas, tratos crueles e incluso casos de violencia sexual”.

“Había encadenamientos y amarres como forma de castigo y humillación, marchas forzadas sin consideración de sus circunstancias de vulnerabilidad; agresiones físicas y psicológicas con golpes, gritos, burlas, empujones; vulneración total de la intimidad, incluso durante las deposiciones corporales debían ser observadas por guerrilleros armados”, dijo la magistrada Juliana Lemaitre Ripoll.

¿Qué sigue?

La magistrada Lemaitre explicó que los exguerrilleros imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y conductas o rechazar las imputaciones hechas. También pueden reaccionar aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo plazo para reaccionar frente a lo determinado en el Auto.

Al terminar el periodo de 30 días hábiles, y recibir la respuesta de los comparecientes, la JEP decidirá si fija una fecha para una Audiencia de Reconocimiento, al considerar que hay reconocimiento y aporte a la verdad plena. Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.

Futuro político

Gerardo Martínez, analista político, considera que al pasar a la vida civil y constituirse en partido los de las Farc cometieron dos errores: el primero haber mantenido el nombre y les tocó cambiarlo y ahora se denomina “Comunes”; y el segundo, que comienzan a pagarlo ahora y es haber incluido en las lista de los que los representan en el Congreso, a las personas que se sabía tendrían que responder, más temprano que tarde, por los procesos que adelanta la JEP. 

Explica Martínez que los que ocupan cargos en el Congreso, tienen que salir tan pronto les impongan las respectivas condenas, tal y como lo establece la ley. 

Recordó que el partido político “Comunes”, de las extintas Farc tienen curules por derecho propio hasta el 2026 y de ahí en adelante tienen que ganárselas con el voto popular.

Voz de experto 

Hugo Guerrero, docente de la Universidad de la Salle, considera que el fallo de la JEP, lo que implica es que los procesos institucionales que se establecieron en el marco del proceso de paz funcionan; en absoluto representan un clamor a la impunidad como se ha dicho desde muchos sectores.

Además, era algo esperado dentro de los Acuerdos que se dieron en La Habana, Cuba, en la cual se daba una instancia a un nuevo espacio que marcó el sistema judicial para juzgar delitos que se dieron en el marco del conflicto armado y, para nadie es un secreto que las Farc cometieron innumerables delitos y por ello iban a ser investigados y es lo que está avanzando. 

DATO

322 páginas tiene el documento que contiene las barbaries realizadas por las Farc durante cerca de 50 años de conflicto armado.