La Fiscalía General de la Nación confirmó que acusó ante la Corte Suprema de Justicia y recapturó al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, señalado de presuntas irregularidades en la actividad contractual derivada de las obras de mantenimiento y pavimentación de un tramo de la Troncal la Paz, entre La Cruzada-Caucasia, Bajo Cauca antioqueño.

Según el ente investigador, esta acusación se formalizó contra el mandatario de los antioqueños después de valorar el recaudo probatorio en su contra, por lo que se avanzó en este proceso a través de un fiscal delegado ante la Corte Suprema.

Dentro del material probatorio contra Gaviria Correa, la Fiscalía señaló que el citado contrato fue suscrito cuando este se desempeñó como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007, y su valor inicial fue de $41.663.432.778.

“La investigación da cuenta de que la licitación fijó un anticipo del 25% del valor básico del contrato; sin embargo, en la firma del contrato, el 22 de diciembre de 2005, se aumentó a 29%. Para el fiscal instructor, tal variación no tendría justificación técnica y correspondería a una modificación caprichosa”, detalló el ente investigador.

En esa línea se señaló que hay indicios de probables anomalías en el trámite y celebración del “contrato adicional N° 1”, el 8 de noviembre de 2007, por valor de $3.995’000.000, cuyo objeto fue el de pavimentar tramos pequeños de la vía y garantizar el pago de “mayores cantidades de obra” que no fueron precisadas, considerando que las verificaciones evidenciaron que dicha adición no contaba con soportes técnicos.

“Se identificó también la suscripción del otrosí 2, cuatro días antes de que el entonces gobernador de Antioquia dejara el cargo y luego de haber terminado el empalme con su sucesor. Como objeto se incluyó la construcción de un puente sobre el río Nechí para, supuestamente, conectar la cabecera de El Bagre con la Troncal la Paz”, se lee en el pronunciamiento de la Fiscalía.

La cronología de la investigación contra Gaviria 

Según la Fiscalía General, previo al pago de los recursos del anticipo, se habría permitido que una suma superior a los 5.000 millones de pesos fuera destinada por el contratista constructor para la adquisición de maquinaria, a pesar de que la obra debía disponer de equipos suficientes, como uno de los requisitos de la licitación.

“Para el Fiscal titular del caso, el gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación”, apuntó el ente investigador.

En esa línea, en el marco de la Ley 600 de 2000, el fiscal delegado ante la Corte acusó a Gaviria Correa como coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, y se detalló que el juicio se realizará a instancias del alto tribunal.

Con la acusación, la decisión estará en manos de la Corte Suprema de Justicia, que adelantará el juicio contra el gobernador.