Procuraduría pide no despenalizar el aborto y que Congreso sea el que regule

Crédito: Archivo / EL NUEVO DÍA La Corte en ninguna de sus providencias ha analizado los riesgos del aborto en la salud de madres gestantes e hijos por nacer.
Al despacho del magistrado Antonio José Lizarazo, actual presidente de la Corte Constitucional, llegó el concepto de la Procuradora General Margarita Cabello en el que pide que no se despenalice el aborto en Colombia.
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Cabe mencionar que en este momento el alto tribunal estudia cuatro demandas que piden despenalizar esta práctica en el país.

En el concepto de 13 páginas, el Ministerio Público le pide a la Corte que se declare inhibida para tomar decisión de fondo en este caso, que fue objeto de debate, por primera vez, en el alto tribunal durante 2006, y en el cual se establecieron las tres causales en las que una mujer puede abortar.

Cabello, en su documento, recordó la jurisprudencia emitida por la Corte en la que confirmó que la mujer puede abortar cuando la vida de la madre esté en riesgo, el feto tenga alguna malformación y la mujer haya sido víctima de una violación sexual.

Del mismo modo, la jefe del Ministerio Público expuso que, además de las causales, la Corte fijó unas reglas dirigidas a las promotoras de salud, con el fin que estas orienten a las mujeres en dicha práctica, sin contar que en más de una ocasión el alto tribunal ha exhortado al Congreso de la República para que regule el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

De ahí que, a juicio de Cabello, como jefe del Ministerio Público, la despenalización parcial del aborto que realizó años atrás la Corte derivó en la conceptualización de una prerrogativa fundamental de las mujeres de solicitar la interrupción voluntaria de su embarazo, por lo que implica que las autoridades competentes tengan la obligación de adoptar medidas para que no existan barreras en ese sentido.

Igualmente, en el documento reposa que las autoridades vinculadas en el desarrollo de esta practica deben acatar las decisiones judiciales y garantizar los derechos de las mujeres que quieran acceder a la interrupción de su embarazo.

 

DATO

Las demandas que provocaron este concepto datan de cuatro acciones que piden tumbar el artículo 122 del Código Penal, que hace alusión a los cargos que enfrentaría una mujer. 

Colprensa, Bogotá

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