Un juzgado de Bogotá emitió este martes una sentencia condenatoria contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Francisco Javier Ricaurte, por participar en una organización criminal que buscaba favorecer procesos judiciales a cambio de dinero.

“Con estos actos de corrupción, como así lo ha llamado el testigo estrella de la Fiscalía, y no puede ser de otra manera, la jurisprudencia también considera estos actos, como actos de corrupción”, alegó el juez que emitió el fallo de un escándalo que se conoce en Colombia como el “cartel de la toga”.

La Fiscalía solicitó en septiembre de 2017 la detención del exmagistrado, tras la petición de la Corte Suprema de que investigara a Ricaurte y también a otro expresidente de la corporación, José Leonidas Bustos, acusados por un senador de haber exigido dinero a cambio de no iniciar una investigación en su contra.

El juez todavía no ha revelado el monto de la pena que deberá pagar el exmagistrado que, según la Fiscalía, hizo parte de una “estructura criminal” de la que también participaron el abogado Leonardo Luis Pinilla, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, y los también exmagistrados Gustavo Malo, Leonidas Bustos y Camilo Tarquino.

Con este fallo, Ricaurte se convierte en el segundo exmagistrado de las altas cortes que es condenado por un hecho de corrupción. El primero de ellos fue Jorge Pretelt, quien llegó a ser presidente de la Corte Constitucional y a quien la Corte Suprema sentenció a más de 6 años de prisión por concusión en un caso relacionado con Fidupetrol.

Ricaurte, por su parte, llevaba más de 30 años en la rama judicial y ocupó altos cargos, que incluyen el de magistrado en el Consejo Superior de la Judicatura y en la Corte Suprema, donde incluso llegó a ser su presidente en 2008.

Los procesos

Algunos de los procesos judiciales, que se probaron corruptos, fueron los del excongresista Álvaro Antonio Ashton Giraldo, del Partido Liberal, que entregó 1.200 millones de pesos (unos 333.000 dólares) por dilatar, archivar o prescribir la investigación en su contra por presuntos nexos con el paramilitarismo.

En otro caso, el exsenador Musa Besaile Fayad, del partido de la U, también pagó 2.000 millones de pesos (unos 555.000 dólares) para frenar una orden de captura en su contra también por parapolítica, y el exgobernador del departamento de Valle del Cauca Juan Carlos Abadía también pagó 30 millones (unos 8.300 dólares) para dilatar un proceso por corrupción.

DATO

Ricaurte fue capturado en 2017 y se estaba defendiendo en libertad por vencimiento de términos.