Jineth Bedoya denunció su caso ante comisión de la Corte IDH

Crédito: Fundación para la libertad de prensaLa periodista Jineth Bedoya, pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) justicia y que ordene al Estado brindar mayor protección a las mujeres periodistas.
Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se dio cita ayer la periodista Jineth Bedoya, quien llevó su caso de violación y tortura ante los estrados internacionales, luego de que a su juicio la investigación en territorio nacional “estuviese muerta”.
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La comunicadora, que fue víctima de abuso sexual y tortura mientras ejercía su labor de reportera mientras hacía parte del diario El Espectador, reveló que tras seis meses de lo ocurrido, el 25 de mayo del 2000 en la cárcel Modelo de Bogotá en la que fue abordada por dos personas y sacada de la ciudad, la mujer visitó el centro carcelario para darse entrevista con ‘Popeye’, jefe de sicarios del narcotraficante Pablo Escobar.  

Con su visita buscaba identificar qué estructura criminal llevó a cabo su violación y posterior tortura. En el encuentro, Bedoya no solo encontró respuestas a su pregunta sino también evidencias sobre lo que ocurría en el interior del centro carcelario. Halló carpetas tipo AZ que contenían información sobre sus declaraciones dadas en la Fiscalía y la Procuraduría, así como también datos del periodista Jaime Garzón, quien fue asesinado años antes de su abuso.

Además de eso, ante más de cinco magistrados denunció que para la época en la que ocurrieron los hechos, existía una organización criminal conformada por policías activos y retirados que secuestraban personas con el propósito de venderlas a varios frentes de las extintas Farc.

Bedoya contó una vez más su historia que vinculó abuso sexual, amenazas, atentados, torturas y un sinnúmero de situaciones que le han dejado crisis emocionales al punto de considerar el suicidio como una opción. Relató la compleja experiencia que ha tenido su madre a raíz de lo sucedido.


 

Falta de objetividad

El Estado colombiano acusó ayer a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de “falta de objetividad” y se retiró de la audiencia que el tribunal lleva a cabo por el secuestro, tortura y violación que sufrió la periodista Jineth Bedoya en el año 2000 en el ejercicio de su profesión.

El agente del Estado colombiano, Camilo Gómez, dijo que en las preguntas formuladas por los jueces a Bedoya en el inicio de la audiencia de tres días, se evidenció “falta de objetividad” de “todos los jueces” con excepción de Eduardo Vio Grossi, quien no realizó preguntas.

Durante las preguntas a la víctima, los jueces expresaron palabras de elogio y solidaridad hacia Bedoya por los actos de violencia de los que fue víctima y su lucha por continuar ejerciendo el periodismo.

“Todos los jueces excepto el juez Vio Grossi están impedidos para actuar en este caso. Colombia presentará un escrito de recusación que cubre a todos los jueces menos al juez Vio Grossi. El Estado considera que la audiencia no puede continuar en estas condiciones”, afirmó el agente estatal.

La presidenta de la Corte IDH, Elizabeth Odio, tomó nota y decidió continuar con la audiencia.

El representante de Colombia aseguró que “la falta de objetividad le quita la legitimidad que requiere (la Corte) y tristemente los que pierden son las víctimas”.

Gómez expresó que el Estado reconoce la lucha y el trabajo de la periodista Bedoya y que “ninguna mujer debería sufrir un ataque de este tipo ni ningún periodista ser amenazado por su trabajo”.

Sin embargo, enfatizó en que “la obligación de los jueces es ser objetivos e imparciales” y “no prejuzgar a un Estado que se presenta con humildad ante la Corte y que espera imparcialidad”.

“La cortesía y solidaridad son bienvenidos, pero el prejuzgamiento en las preguntas de los jueces no puede ser aceptado por el Estado”, aseguró.

Gómez dijo que se evidenció que los jueces tienen una “opinión formada del caso sin siquiera oír lo que Colombia tiene por decir”.

 

DATO

Para hoy está programado que los jueces escuchen a un perito propuesto por la representación de la víctima y a uno del Estado.

 
Agencia Bogotá

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