La Fundación Forjando Futuros, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Programa Somos Defensores, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la Comisión Colombiana de Juristas con el apoyo de Protección Internacional, Oxfam, y Diakonia presentaron ayer una investigación que evidencia la existencia de patrones de sistematicidad en el asesinato de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas en cuatro regiones del país. 

Esta investigación contradice las afirmaciones del Fiscal General, Francisco Barbosa, quien el año pasado, cuando era Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, dijo que no existía una sistematicidad en el asesinato de líderes, lideresas sociales y excombatientes. Es decir, que para el Estado se trataba de crímenes aleatorios. 

Según el informe, entre 2016 y 2020 en las regiones del norte del Cauca, Urabá antioqueño y Bajo Atrato chocoano, sur de Córdoba y nordeste y Bajo Cauca antioqueños se incrementó la violencia contra defensores, líderes, lideresas sociales y excombatientes, con posterioridad a la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (AFP).

Estas zonas, además, son territorios estratégicos para diferentes actores armados, económicos, políticos y militares, en el marco de alianzas y disputa por el control social y territorial por la propiedad de la tierra, la permanencia en el territorio y el uso del suelo.

“Los líderes están siendo asesinados por denunciar distintas violaciones a los derechos humanos en sus territorios, por defender sus derechos a la tierra y por denunciar a los actores armados en disputa en sus territorios”, explicó a esta redacción Andrea Becerra, investigadora del área de comunicación de la Comisión Colombiana de Juristas.

Hay indicios de patrón

Becerra también señaló que a estos factores comunes se suma el hecho de que existe muy poca información tanto sobre el asesinato de los defensores, líderes, lideresas sociales y excombatientes de las Farc-EP como de los posibles móviles.

“Un hecho frecuente es el patrón común de agresión a las personas defensoras. Junto con las amenazas y los asesinatos hay también una estigmatización que incluso trasciende los asesinatos, a través de la continuidad que se proyecta a sus comunidades y organizaciones”, señaló Becerra. 

El informe indica que, tal como lo han mencionado los informes de los organismos internacionales, los defensores, líderes y lideresas sociales enfrentan diferentes tipos de violencia: hostigamientos, estigmatización, amenazas y criminalización, hasta ataques contra la vida.

 El informe concluye, a manera de recomendación, que “debe abandonarse la práctica de estigmatizar a las personas que defienden derechos humanos y las organizaciones a las que pertenecen con discursos que las asocian a grupos guerrilleros, contrarios a los intereses del desarrollo”.

Otras revelaciones del informe 

1. Los sectores de liderazgo y defensa de los derechos humanos más victimizados son líderes y lideresas comunales, indígenas, políticos, campesinos y sindicales, así como afrodescendientes, que lideran o participan en procesos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, restitución de tierras y defensores de los derechos ambientales y territoriales.

2. Las amenazas constituyen otra modalidad de agresión predominante: mediante ellas se anuncian futuros asesinatos, desplazamientos forzados o torturas. 

3. La Fiscalía General no aportó información sobre las investigaciones ni su avance en términos de la desarticulación de las organizaciones criminales que se presume están tras esos crímenes.

213 defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, y 42 excombatientes de las Farc-EP fueron asesinados entre el primero de noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2020.