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Su homicidio marcó un periodo sangriento contra el trabajo comunitario de miles de campesinos del país.
El cuerpo de González fue encontrado con impactos de arma de fuego, las manos atadas y signos de tortura en el departamento de Córdoba (norte) donde unas semanas después un grupo narcoparamilitar decapitó en el municipio de San José de Uré al campesino Manuel Osuna Tapias.
De acuerdo con el estudio, los 75 crímenes, ocurridos entre el 24 de noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2020 en 12 de los 32 departamentos del país, evidencian los tropiezos de la política antidrogas de Colombia, así como los obstáculos que enfrentan miles de familias acorraladas por los grupos armados ilegales y la fuerza pública.
“La sustitución voluntaria es mucho más rentable, es sostenible, pero sobre todo es legítima para contener los cultivos de uso ilícito, y esta es una de las razones más poderosas por las cuales promovemos la sustitución por encima de la fuerza y la violencia”, dijo este viernes durante la presentación del informe la vocera de la corporación de derechos humanos Viso Mutop, Sandra Bermúdez.
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