Gran controversia generó el Decreto 380, que regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea con glifosato.

Sin embargo, el documento de 23 páginas dejó claro que con el Decreto no se reactiva automáticamente el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea, y es necesario que el Consejo Nacional de Estupefacientes verifique el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Corte Constitucional.

Hay que señalar que el Gobierno ha manejado el tema del glifosato “con pinzas” pues sabe que por un lado tiene encima los ojos de Estados Unidos y, por el otro, la oposición de distintos sectores políticos y sociales que rechazan ese método por los riesgos para la salud y el medioambiente.

Las alternativas son la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, estipulada en el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 con la antigua guerrilla de las Farc. 

Fumigación con precisión

El Gobierno, por medio del ministro de Defensa, Diego Molano, asegura que la fumigación aérea, cuando se reanude, se hará con precisión para evitar daños a la salud, el medioambiente y a los cultivos de subsistencia cercanos a las zonas de aspersión.

También ha explicado que la fumigación aérea se realizará únicamente “donde hay cultivos extensivos, industriales y particularmente donde hay presencia de grupos al margen de la ley”.

Voz de experto 

Hugo Fernando Guerrero, investigador y docente universitario, considera que “este decreto lo que demuestra una vez más es la incapacidad que tiene el Gobierno de enfrentar el problema de las drogas desde una perspectiva estructural y al final lo que busca son medidas de choque para la reducción de las cifras de los cultivos de manera inmediata sin importar las consecuencias que pueda tener a mediano y largo plazo en las diferentes dimensiones como es la salud, en los habitantes de las zonas circundantes o el impacto en el medio ambiente (especies vegetales, animales o en los afluentes de agua)”.

Guerrero agrega “es una medida que aparte demuestra  que se venía planeando hace bastante tiempo y construyendo a través del desconocimiento de los principios constitucionales que se revelan con el lanzamiento del Decreto, que además, implica aglutinar las tutelas respecto a estas temáticas que vayan a surgir en contra del ejecutivo a través del Consejo de Estado desconociendo la participación de este tipo de conflictos de orden judicial de parte de autoridades”. 

DATO

130 mil hectáreas a erradicar de cultivos ilícitos es la meta del Gobierno Nacional.