Esto tras darle la razón a la tutela presentada por dos ciudadanas, que a través de una tutela argumentaron que las autoridades no estarían dando cumplimiento al fallo que profirió la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2020, esto porque según ellas “el desacato al fallo recurrido nos están limitando o restringiendo derechos fundamentales tales como el derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la circulación, a la protesta y a la dignidad humana”.

Por esta razón, el Tribunal argumentó que “no se observa razón alguna para impedir que estas dos personas promuevan el presente incidente de desacato, ya que, de una u otra manera, encuentran afectadas sus prerrogativas fundamentales y tienen interés legítimo en las resultas del trámite incidental. Por ello, se dispondrá la apertura del incidente de desacato”, dice el documento.

Por otro lado, ordenó a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación en un término de tres días deberán aportar: “las pruebas que pretendan hacer valer y acompañen los documentos que tengan en su poder para ejercer su derecho de defensa”.

En relación con el incidente de desacato enfilado contra el Presidente de la República, el Tribunal ordenó  la remisión de las diligencias a la Cámara de Representantes, para que en el ámbito de sus competencias adelante el trámite correspondiente.

Finalmente agregó que se dispondrá que por intermedio de la secretaría de la Sala se rinda informe de lo actuado en el presente trámite a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.