Polémica por reforma al Código Disciplinario

Crédito: Archivo / EL NUEVO DÍA Por contar con mensaje de urgencia del Gobierno Nacional, el proyecto de reforma del Código Disciplinario se discute de manera conjunta en el Congreso de la República.
Con fuertes críticas de la oposición, las comisiones conjuntas primeras de Senado y Cámara iniciaron la discusión del proyecto de reforma al Código Disciplinario.
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En medio de una polémica por los supuestos súper poderes con los que quedaría la Procuraduría General de la Nación para perseguir a los alcaldes y gobernadores de partidos de oposición, las comisiones conjuntas primeras de Senado y Cámara comenzaron la discusión del proyecto de Ley por medio del cual se reforma el Código Disciplinario. 

La iniciativa legislativa, que fue radicada por la procuradora General, Margarita Cabello y respaldada por el Gobierno Nacional, fue duramente cuestionada por los partidos de oposición, que consideran que el proyecto le otorga súper poderes a la Procuraduría para perseguir a los mandatarios de elección popular y a los partidos opositores.

“El proyecto le entrega facultades a la Procuraduría para que ejerza funciones jurisdiccionales, es decir, convierte a la Procuraduría en juez. En manos de la Procuraduría quedan todos los mandatarios y particularmente todos los alcaldes y gobernadores alternativos o independientes, que no hacen parte de la coalición de gobierno”, indicó el senador de la oposición Roy Barreras.

“El proyecto le entrega facultades a la Procuraduría para que ejerza funciones jurisdiccionales, es decir, convierte a la Procuraduría en juez”. Roy Barreras, senador de la oposición. 

Desacato a la Cidh

Del mismo modo, la senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano, señaló que la iniciativa de la Procuraduría desacata y distorsiona lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, luego de tumbar la destitución ordenada por el exprocurador Alejandro Ordóñez en contra del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, por considerar que un ente de control no podía destituir a servidores públicos elegidos en las urnas.

“Le diremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, que este proyecto de ley viola flagrantemente el mandato que dio a Colombia de adecuar su ordenamiento jurídico, pero con el factor perturbador de cercenar el derecho a compañeros con un posible abuso del poder disciplinario que este proyecto va a regular”, señaló Lozano.

 

Críticas a investigación

Los ánimos en las comisiones conjuntas se caldearon aún más, al conocerse que justo al comienzo de la sesión, la Procuraduría anunció la apertura de investigaciones disciplinarias en contra del senador Alexánder López y los representantes Inti Asprilla y Ángela María Robledo, todos congresistas de la oposición, por participar en el paro nacional que se vive en todo el territorio del país desde hace más de un mes.

Sin embargo, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, sostuvo que la teoría de la oposición es equivocada, “no hay tal, ni hay por qué aceptar que se hagan esos comentarios. Ahora, a todos nos abren procesos disciplinarios cuando la ciudadanía presenta quejas, las cuales deben ser atendidas”.  

Del mismo modo, la senadora uribista criticó el aumento de la burocracia al interior de la Procuraduría que viene incluido en el proyecto de reforma.

“El proyecto de ley cuenta con aspectos positivos y negativos; dentro de los negativos se encuentra la ampliación de la planta de la Procuraduría”, concluyó Valencia.

 

El proyecto de reforma

El senador Fabio Amín, coordinador ponente del proyecto de Ley 423 de 2021 Senado – 595 de 2021 Cámara, señaló que esta iniciativa legislativa da cumplimiento a la sentencia del 8 de junio de 2020, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se señaló que “se hace necesario generar mayores garantías para los destinatarios de leyes disciplinarias en aplicación del artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos”.

En tal sentido, el proyecto de reforma le otorga a la Procuraduría General la función jurisdiccional para juzgar e investigar a los servidores públicos, incluidos los de elección popular, como lo ordenó la Cidh, en la que condenó al Estado colombiano por la sanción de destitución e inhabilidad impuesta al entonces alcalde de Bogotá Gustavo Petro.

 

Credito
El Nuevo Día

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