La más reciente encuesta Polimétrica realizada por la firma Cifra & Conceptos sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo y despenalización del aborto, en convenio con la organización Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, y que entrevistó a cuatro mil 867 personas en más de siete ciudades del país, encontró, entre sus principales resultados, que la mayoría de los colombianos (el 80%), está en desacuerdo con la pena de cárcel para las mujeres que abortan. 

Laura Castro, coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, explica que estos resultados demuestran un aumento favorable de la opinión pública con respecto a la iniciativa que busca eliminar el delito de aborto que castiga con cárcel a las mujeres que interrumpan su embarazo y que no estén en el marco de las tres causales aprobadas por la ley en la sentencia C-355 del año 2006. 

“En 2017 aplicamos esta misma encuesta y en comparación con este año notamos un cambio en materia de favorabilidad frente a las mujeres. Entonces lo que tenemos son unos marcos legales que no están tan en concordancia con la opinión pública”, explica Castro. 

Este hallazgo evidencia que en las regiones con mayores cifras de mujeres criminalizadas por el delito de aborto como Bogotá y Antioquia, un porcentaje significativo de la población está “totalmente en desacuerdo” con el hecho de que las mujeres que acceden a una IVE se enfrenten a procesos penales, lo que permite evidenciar que es contradictorio que la justicia penal esté persiguiendo mayoritariamente a las mujeres que abortan, allí donde las personas no están totalmente de acuerdo con que así sea. 

¿A qué se debe el cambio? 

Castro explica que “el cambio se debe a la sentencia C-355 del año 2006 que despenaliza el aborto en tres circunstancias, pero también al trabajo de organizaciones de mujeres por hacer pedagogía en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos. También hay un cambio en la educación: las personas con mayores niveles educativos están en contra de que las mujeres vayan a la cárcel”. 

Sin embargo, el hecho de que exista la sentencia C-355 y a su vez el delito de aborto resulta confuso para los prestadores del servicio de salud y para las mismas mujeres. 

“Que exista la despenalización del aborto en tres causales, pero que también exista el delito de aborto genera un escenario muy ambiguo, donde tanto las mujeres como los prestadores de servicios de salud corren el riesgo de ir a la cárcel si no están inscritos en las causales. Además, existen muchas barreras para que las mujeres accedan a un aborto”, señala Castro.   

La encuesta se realizó del 8 al 16 de abril de 2021 en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Manizales, Sincelejo, Villavicencio, Tunja y el departamento de Cundinamarca.  

Actualmente, la Corte Constitucional estudia una demanda interpuesta por el movimiento Causa Justa que sostiene que el delito (artículo 122 del Código Penal) atenta contra los derechos a la vida digna, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la salud de las mujeres. 

Las cifras de la encuesta 

Sin embargo, aunque la mayoría de los colombianos no quiere que las mujeres vayan a la cárcel, otros datos de la encuesta muestran de manera desagregada que sólo una cuarta parte de los colombianos considera que la interrupción voluntaria del embarazo debe ser un derecho de las mujeres y, de manera mucho más notoria, que es importante educar a los jóvenes acerca de derechos sexuales y reproductivos.  

• 52% de los colombianos está de acuerdo con que en los colegios se eduque a los niños/as en los derechos sexuales y los derechos reproductivos.
• 27% de los colombianos se manifiesta de acuerdo en que la interrupción voluntaria del embarazo debe ser una decisión libre de la mujer. 
• 25% de los encuestados cree que el Estado debe garantizar la interrupción voluntaria del embarazo. 
• 23% de los colombianos cree que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho de las mujeres. 
• 18% de los encuestados considera que la interrupción voluntaria del embarazo debe ser legal en todas las circunstancias. 

Dato

Human Rights Watch y Amnistía Internacional, por ejemplo, alegan que los tratados sobre derechos sexuales y reproductivos, o igualdad de la mujer, obligan a Colombia a eliminar este delito.